GASTEIZ. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó ayer el ingreso en prisión incondicional y sin fianza por un delito de terrorismo para 6 de los 8 detenidos como partícipes directos en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en un bar de Altsasu.
La juez adoptó esta decisión en un auto a petición del fiscal José Perals, que acusa a los seis de un delito de terrorismo del artículo 573 bis.1 cuarto, consistente en "provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella".
En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha matizado que la información que el Ejecutivo vasco tiene sobre estos hechos procede exclusivamente de la prensa.
Sin embargo ha opinado que "choca" y "sorprende" que en un primer momento la Guardia Civil y el ministro de Interior hablaran de un posible delito de odio y que las actuaciones judiciales posteriores se enmarquen ahora en supuestos delitos de terrorismo.
"Todo parece indicar que los hechos tuvieron gravedad", ha subrayado Erkoreka, quien ha opinado también que sería "bueno" que lo sucedido se investigara y se esclareciera lo antes posible para que la opinión pública sepa si tienen la entidad suficiente para ser constitutivos de un delito de terrorismo.
También ha recordado que el Gobierno vasco, en su plan de paz y convivencia, ha propuesto revisar el dispositivo legal de "excepción" español en la lucha antiterrorista tras el cese de ETA y en este sentido se ha referido a la vigencia de la competencia de la Audiencia Nacional para asumir el conocimiento de este tipo de delitos.
