madrid - Faltan unas pocas horas para hacer oficial la repetición de las elecciones generales y para poner fin a cuatro meses de negociaciones que no han llevado a ninguna parte ni han permitido proclamar a un nuevo presidente español. Mañana mismo, el rey firmará el decreto de disolución del Congreso y el Senado y convocará los comicios del 26 de junio. Será entonces cuando se firme oficialmente el acta de defunción de la undécima legislatura que, a efectos de producción de leyes o adopción de medidas, será como si nunca hubiera existido. Desde las elecciones del 20 de diciembre, el gobierno de Mariano Rajoy ha permanecido en funciones, un estatus que limita en extremo su margen de maniobra porque le impide aprobar leyes y presupuestos. La oposición ha impulsado algunos proyectos y le ha pedido que derogue reformas de la anterior legislatura, pero tampoco esas propuestas pueden tener efectos prácticos. La única consecuencia de la legislatura será económica. Desde los comicios del 20 de diciembre hasta la repetición del 26 de junio, pasarán seis meses que generan unos costes de funcionamiento ordinario del Congreso y el Senado, además del pago de salarios de los diputados y las indemnizaciones por cese temporal que podrán pedir si lo desean cuando se disuelvan las cámaras. A todo ello cabría sumar los 130 millones que cuesta en mero hecho de volver a colocar las urnas.
En cuanto a la producción legislativa del Congreso, se han tomado en consideración siete proposiciones de ley que decaerán con la repetición de las elecciones. Entre ellas se encuentran la suspensión de la reforma educativa del PP, la aprobación de la Ley de Emergencia Social o rebajar a los 16 años el límite de edad para votar. También se ha aprobado crear un registro de grupos de presión o lobbies, desclasificar los secretos oficiales a los 25 años y modificar el régimen de tasas judiciales.
Por si fuera poco, el gabinete de Rajoy se ha negado durante todo este tiempo a someterse al control de los diputados y a sesiones con preguntas que examinen su labor, con el argumento de que se encuentra en funciones, no ha recibido el aval de sus señorías para volver a gobernar y, por tanto, no tiene que rendir cuentas ante ellas. Esta negativa ha provocado la interposición de un recurso en el Tribunal Constitucional. Rajoy solo ha comparecido para informar sobre una cuestión excepcional, la política europea de refugiados. Además, se ha convalidado un decreto ley para prorrogar las ayudas a los parados de larga duración.
La actividad del Senado, donde el PP mantiene su mayoría absoluta, ha permanecido bajo mínimos. Ha celebrado cuatro plenos y ha debatido 16 mociones, de las cuales se han aprobado nueve. Su actividad ha tenido más eco por dos polémicas judiciales. Por un lado, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, es suplente en la Diputación Permanente, el órgano que se mantiene en guardia cuando se disuelve la Cámara; y esa condición le permite mantener su aforamiento en la investigación judicial por presunto blanqueo. Por otro lado, el Senado ha aprobado el suplicatorio para que el Tribunal Supremo juzgue al senador de EH Bildu, Iñaki Goioaga, por supuesta pertenencia a ETA desde el frente de abogados de los presos.
sueldos Las indemnizaciones y sueldos que se citan a continuación son un derecho de los diputados y senadores y ya se han percibido en anteriores ocasiones, pero sitúan a los cuatro grandes partidos, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, en una posición incómoda tras haber dejado correr todos estos meses sin haber llegado a un acuerdo a pesar del gasto económico que comporta, especialmente gravoso en tiempos de crisis. En primer lugar, los seis meses de funcionamiento del Congreso desde diciembre hasta junio ya generan un gasto en salarios. Son 350 diputados que perciben 43.771 euros brutos anuales, a los que hay que añadir, sin embargo, pluses por alojamiento y manutención. A esos gastos cabría sumar los que generan los asistentes y secretarios. Se calcula que este medio año de funcionamiento supondrá en gastos de personal unos 19 millones de euros. Además, los diputados han realizado ya 27 viajes internacionales en este corto periodo de tiempo. Entre los destinos destacan Tokio, Zambia y Nueva York, y solo se ha publicado el gasto de algunos de ellos porque el resto debe calcularse aún. El monto asciende ya a 102.211,16 euros.
Por el mero hecho de haber ocupado sus escaños, los diputados y senadores tienen derecho a pedir una indemnización por cese, con independencia de que vayan a seguir o no en el escaño tras las elecciones. Cuando se disuelvan las cámaras, solo funcionarán sus diputaciones permanentes, lo que en el caso del Congreso se traduce en 121 miembros entre titulares y suplentes, y todos ellos mantendrán su sueldo. Los 229 restantes pueden pedir esa indemnización que equivale a 54 días de salario (los que quedan hasta los comicios) y que es incompatible con otros ingresos. Los diputados suelen acogerse a ese derecho, ya que durante la pasada legislatura lo pidieron 222 de los 247 que se quedaron sin asiento, según Europa Press. Al margen de ese salario, los 350 diputados mantendrán su móvil y tableta hasta que se constituyan las nuevas cámaras, en torno al 20 de julio.
En cuanto al coste de las elecciones, la convocatoria supone 130 millones de euros, además de las subvenciones que reciben los partidos por escaño (21.167,64 euros). Asimismo, los partidos recurren también a préstamos privados y, como máximo, pueden gastar 13,5 millones cada uno en los comicios.
En términos de autogobierno, en el caso de Euskadi el saldo se presenta aún más negativo. A pesar de encontrarse en funciones, cabe matizar que el gabinete de Rajoy ha recurrido en las últimas semanas las 35 horas semanales para los funcionarios vascos, el sistema de becas educativas y las leyes de empleo público, vivienda y contra el fracking. El Ejecutivo catalán tampoco ha extraído nada provechoso de estos meses, al margen de recuperar la interlocución con el equipo de Rajoy. Solo han llegado a acuerdos menores para evitar el conflicto en los tribunales en aspectos muy técnicos y parciales de algunas leyes, pero siguen sin salvar los grandes escollos, y la semana pasada Madrid volvió a desoír las peticiones catalanas y recurrió su normativa de cobertura para los casos de pobreza energética.
El PSOE zanja el debate. Los socialistas han dado carpetazo a la discusión sobre el puesto que debía ocupar el socialista vasco Eduardo Madina en las listas por Madrid. En diciembre acudió en la séptima plaza y se quedó fuera del Congreso, pero Pedro Sánchez apostaba por mantenerlo en la misma posición para las elecciones de junio, lo que suscitó las opiniones contrarias de algunos barones. En una entrevista que publicó ayer ‘El Mundo’, Sánchez asegura que ya ha comunicado su puesto a Madina, y que le ha respondido “que sí”. La líder del PSE, Idoia Mendia, confirmó que “ha aceptado” y consideró que es algo “bueno”. “Estoy segura de que va a salir”, zanjó.
