- La ley para el empoderamiento de la ciudadanía, popularmente conocida como ley de consultas, será “la herramienta que posibilitará decidir el modelo político, económico y social de este pueblo”. Así lo constató ayer EH Bildu en la plaza de El Solar de Portugalete, donde reunió a ciudadanos y agentes sociales para la presentación y debate público de una norma que registrará en el Parlamento Vasco el próximo 4 de noviembre. Los portavoces de la coalición soberanista Oskar Matute y Rebeka Ubera precisaron que no quieren que la ley “sea exclusivamente nuestra, de EH Bildu”, sino “la de todo un pueblo”. “Es ahora el momento de tomar decisiones. Hombres y mujeres de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa van a decidir su futuro político, las relaciones que van a mantener con los otros territorios vascos o cómo ha de ser la relación con el Estado español. Pero queremos ir más allá”, señalaron, entendiendo que así se gestará el modelo económico y social.

Según los dirigentes abertzales esta ley para el empoderamiento servirá de vía “para que la toma de todas esas decisiones se lleve a cabo con todas las garantías democráticas”, colocando a los ciudadanos “en el centro de la actividad política”. Matute argumentó que, frente al “estatismo político” que ha caracterizado al PP, su formación seguirá “favoreciendo espacios de encuentro” para alcanzar “un escenario de paz y reconciliación”, y pusieron como ejemplo cómo “por presiones procedentes del PP y no de EH Bildu” Arantza Quiroga finalmente se vio obligada a retirar la moción sobre Libertad y Convivencia.

Así, indicó que cuando se dio a conocer esa iniciativa EH Bildu no dudó en realizar una reflexión política de “seguir, desde la unilateralidad, favoreciendo espacios de encuentro también con aquellos que piensan radicalmente diferente a nosotros, y nosotros vamos a seguir en esa vía”. “Si creen que tienen que hacer algo más que quedarse en el estatismo político que les ha venido caracterizando para poder avanzar hacia marcos de convivencia, nosotros lo valoraremos de igual forma”, puntualizó Matute, porque el objetivo último es lograr “un escenario de paz y reconciliación efectiva, real y general”.

La ley consta de diferentes apartados como los razonamientos de la ley, objetivos, principios básicos, ámbitos de aplicación, y quién convoca y cómo se hacen las consultas populares o los procesos de participación. El apartado de principios básicos otorga a Euskadi el derecho a decidir por ser considerada una nación. Además, se define que deben servir para “consultar a las personas a las que la ley habilita y recoger su opinión sobre diferentes actividades, decisiones o políticas públicas”. Asimismo, pueden ser “de carácter general o concretas” y ser promovidas “tanto por instituciones como por la ciudadanía”. Del mismo modo, regula que las personas mayores de 16 años residentes en la Comunidad Autónoma Vasca podrán participar en ellas. Pese a que las consultas no serán vinculantes jurídicamente, “servirán para conocer la opinión del pueblo”, y podrán ser convocadas por Lakua, el lehendakari, el Parlamento de Gasteiz, dos Diputaciones o el 10% de los ayuntamientos. Por parte de la ciudadanía, se deberán presentar las firmas validadas de 30.000 personas llamadas a participar en la consulta si el ámbito de la consulta es la CAV, y el 2% si el ámbito es un territorio histórico. Se trata de una herramienta que “empodere diariamente” al ciudadano, recalcó Matute. - DNA