vitoria - El PNV se propone que Euskadi ensanche su autogobierno esta misma legislatura. En principio, apuesta por acordar un nuevo estatus antes de que culmine el mandato del lehendakari Urkullu el próximo año, aunque se abre a flexibilizar los plazos si es en pos de un pacto lo más amplio posible entre abertzales y no abertzales. Sobre todo, tiene en mente a los socialistas y a EH Bildu, visto el escaso entusiasmo que ha mostrado el PP hasta la fecha, y vistas también las invasiones de competencias vascas por parte del Gobierno español de Rajoy. Los partidos se disponen a afrontar un debate sensible y muy complejo. PNV y PSE han engrasado sus relaciones acordando gobiernos de coalición a nivel foral y municipal, pero el socialismo asegura que no va a transigir con el derecho a decidir. Las dificultades para forjar un acuerdo podrían dilatar los plazos, aunque la apuesta inicial pasa por someter el acuerdo a referéndum entre los vascos antes de que acabe la legislatura. Por lo pronto, el Gobierno Vasco está haciendo su parte, un papel muy acotado porque se limita a entregar a los partidos los informes que le han pedido en materia competencial para que sirvan de elemento de juicio y de base para el debate. Hasta ahí llega su intervención, ya que el lehendakari ha dejado claro que no se va a inmiscuir en la redacción del articulado a no ser que reciba un encargo expreso del Parlamento. Según ha podido saber este diario, el Departamento de Administración Pública de Josu Erkoreka ya está elaborando los informes, y los entregará al Parlamento “antes de tres meses”.
El Parlamento activó el pasado año una ponencia para hacer balance de lo que ha dado de sí el autogobierno, identificar sus fortalezas y debilidades y, a partir de ese análisis, diseñar un nuevo estatus. La ronda de comparecencias de expertos acabó el 27 de mayo, pero los partidos aún no han dado el paso de entrar en harina y comenzar a perfilar los artículos del nuevo marco. ¿Por qué? Antes de entrar en esa fase, la coordinadora de la ponencia, la jeltzale Jone Berriozabal, debe resumir en un informe todas las comparecencias y los datos recabados estos meses para utilizarlos como base para el debate posterior.
Pero aún le faltan documentos para completar la tarea, entre los que se encuentran los informes que ya redacta el Gobierno Vasco. También se han pedido informes al Gobierno español. El trámite es muy importante porque, cuando lleguen esos textos, se podrá elaborar el informe de resumen y, ya sí, dar el pistoletazo de salida al debate sobre contenidos, sobre el blindaje de las competencias vascas, las transferencias pendientes de llegar a Euskadi, el derecho a decidir u otras cuestiones que planteen los partidos.
El PNV reclamó un dossier sobre los efectos de la recentralización y otro sobre la cuantificación económica del autogobierno pleno, y el PP pidió un estudio sobre las transferencias pendientes y otro que compare la autonomía vasca con las potestades de otras regiones europeas. Fuentes parlamentarias explican a este periódico que la ponencia remitió un escrito el 4 de junio al Ejecutivo vasco y al delegado del Gobierno español, Carlos Urquijo, para conocer cuándo estarán disponibles los documentos. La petición del informe a Madrid se ha decidido vehiculizar, así, a través del delegado en la comunidad autónoma.
Berriozabal deberá recopilar esos estudios, y también la transcripción de las intervenciones de los expertos que han pasado por la ponencia (un trámite que ha sufrido igualmente retrasos porque han coincidido varias comisiones, de tal modo que a finales de mayo solo habían sido transcritas las intervenciones llevadas a cabo hasta enero).
Con los plazos que maneja Lakua para los informes, el debate sobre los artículos del estatus arrancará en los primeros compases de otoño, aunque podría demorarse si no llegan los documentos requeridos al Gobierno español. Las fuentes consultadas ayer en la delegación no estaban muy al corriente de esas gestiones.
propuestas El PNV ha avanzado en público algunas pinceladas de su propuesta. Quiere blindar las competencias vascas para que el Gobierno español no pueda volver a invadirlas ni pueda obligar a Euskadi a aplicar recortes que afectan a áreas de su gestión, como el copago farmacéutico. Aspira, asimismo, a institucionalizar el derecho a decidir, pactando su ejercicio y la pregunta. También aspira a que el nuevo estatus que acuerde el Parlamento sea respetado por el Estado, y no vetado o cepillado. El socialismo comparte la idea del blindaje, pero ha asegurado en más de una ocasión que no entrará en el derecho a decidir. Ahí está el principal escollo. La izquierda abertzale, por su parte, ha empleado las últimas semanas en tentar al PNV para que ambos emprendan un camino en solitario, dejando al socialismo en la estacada, porque no ven realista que el PSE vaya a sumarse en algún momento de la legislatura al derecho a decidir. A su juicio, si el socialismo entra en el acuerdo, el derecho a decidir saldrá por la misma puerta. Los jeltzales, por su parte, dan tiempo al tiempo, y no quieren dar por perdido al PSE. Respetan los ritmos de la ponencia y no adelantan acontecimientos.
Por la ponencia han pasado los lehendakaris Ardanza, Ibarretxe y López, y varios expertos académicos. Buena parte de ellos han considerado necesario perfeccionar el actual marco para blindar el autogobierno, y algunos han dado un salto más allá y han vaticinado la independencia si Madrid sigue desoyendo a Euskadi, tal y como recalcó Ibarretxe. El PP, por su parte, no cree que ningún marco pueda superar el nivel de consenso del Estatuto de Gernika, y se cierra al traspaso de competencias pendientes como prisiones o Seguridad Social.
27 de mayo. La ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco cerró la fase de comparecencias de expertos. Por ella habían desfilado los lehendakaris Ardanza, Ibarretxe y López, y varios expertos académicos.
4 de junio. La ponencia pidió al Gobierno Vasco y al Gobierno español los informes sobre la recentralización y las competencias, necesarios para elaborar el documento de resumen de la ponencia. Una vez redactado ese texto, se podrá empezar a debatir sobre el articulado del nuevo estatus. Lakua espera enviar los textos antes de que pasen tres meses.
¿Consulta? El PNV pretende acordar el nuevo estatus esta legislatura y someterlo a referéndum entre la ciudadanía vasca. El mandato de Urkullu culminará el próximo año, y los jeltzales se abren a demorar los plazos si es por el bien de un acuerdo más amplio.
