Gasteiz - “Sin voz ni voto”, “Voto emigrante RIP”, “Voto rogado, voto robado”, “No paso de España, España pasa de mí”, “Vota por mí desde allí”... Todos estos eslóganes expresaron, el pasado 24 de mayo en cuarenta ciudades de cuatro continentes, el malestar de miles de españoles emigrados que no pudieron ejercer ese día su derecho al voto como consecuencia de la reforma de la Ley Electoral aprobada en 2011. Desde entonces, el sufragio de los residentes en el extranjero -1,8 millones de personas según el Instituto Nacional de Estadística, un 48% más desde el estallido de la crisis en 2008- ha caído en picado hasta convertirse en testimonial, una circunstancia que, pese a ser reconocida por el propio Gobierno español, parece lejos de ser corregida.

La reforma que aprobaron PSOE y PP, con el apoyo de CiU, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, estableció el voto rogado para los expatriados, es decir, la obligación de solicitar con antelación que les sea concedido ese derecho. Además, les excluía de las elecciones municipales, limitando su participación a las generales, autonómicas y europeas. Más allá de estas modificaciones, las principales trabas con las que se han encontrado son la multiplicación de los trámites y el acortamiento de los plazos para poder votar, así como una publicidad institucional muy cuestionada.

Las consecuencias han sido devastadoras, como se deduce de los datos arrojados por las citas con las urnas celebradas desde enero de 2011. Así, si en las elecciones generales de marzo de 2008 ejerció su derecho al voto un 31,74% del censo de españoles residentes en el extranjero, ese porcentaje descendió al 4,95% en los comicios que ganó Mariano Rajoy por mayoría absoluta en noviembre de 2011, lo que supuso pasar de 382.568 votantes a solo 73.361. Esta circunstancia se repitió en los comicios al Parlamento Europeo: del 14,07% que votó en 2009 -173.474 personas- a un exiguo 2,03% -34.310 sufragios- en mayo del año pasado. En las elecciones andaluzas de marzo solo consiguieron votar el 3,8% de los emigrantes de dicha comunidad, y según diversas fuentes, en las recientes autonómicas menos de un 5% de los expatriados con derecho a voto lo ejerció.

El colectivo Marea Granate, que defiende los intereses de los emigrantes españoles, ha sido muy activo a la hora de denunciar esta situación y de informar de los mecanismos para votar en tiempo y forma. Este movimiento está detrás de las movilizaciones que tuvieron lugar en la jornada electoral del día 24, que incluyeron protestas ante embajadas y consulados, y la escenificación de cortejos fúnebres con sus participantes vestidos de luto en ciudades como París, Londres, Stuttgart Bruselas, Buenos Aires o Boston. Marea Granate ha recibido quejas de ciudadanos por irregularidades, falta de información o por no obtener las papeletas electorales a tiempo. También por el hecho de que, si un emigrante se registra como residente permanente en el extranjero -en obligatorio aparecer en el Censo de Españoles Residentes Ausentes, CERA-, pierde la cobertura sanitaria en España.

Este periódico ha tenido conocimiento del caso de Aitzol Azurtza, expresidente de la Euzko Etxea de Nueva York, quien aseguró que “ya hace casi nueve años que vine a vivir a EEUU y desde entonces no he podido votar ninguna vez en las elecciones españolas y de la CAV porque no me han llegado los papeles a tiempo, cuando me han llegado”. Explicó a DNA que su último contratiempo se produjo cuando el Consulado General de España en Nueva York denegó su solicitud para actualizar su dirección, dándole cinco días para presentar un recurso. A juicio del afectado, esta negativa obedece a su imposibilidad de votar en las pasadas municipales, circunstancia que él conoce y que no era el objeto de su reclamación. Azurtza valoró que “me encuentro en una situación de indefensión porque la negativa que he recibido no se corresponde con mi solicitud, no me indican la dirección en la que tengo que presentar el recurso y el plazo para hacerlo es demasiado corto”.

Voto de castigo En la sesión de control al Gobierno español del pasado miércoles, el diputado de IU Gaspar Llamazares equiparó la tasa de abstención de los emigrantes españoles con una “del 98 por ciento” en una ciudad como Valencia. “Es un desastre, un escándalo”, afeó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien en el mismo pleno admitió que las medidas puestas en marcha para facilitar su voto “no han sido suficientes”. Entre las mismas citó un nuevo procedimiento para pedir el voto por Internet, la difusión en las redes sociales de toda la información sobre cómo votar y la ampliación del personal y horarios de los consulados y embajadas. “Seguiremos trabajando de cara a la próxima cita electoral”, apostilló.

El PP se ha negado en varias ocasiones a suprimir el voto rogado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) alegando que es una “garantía” para evitar el fraude electoral. El pasado febrero, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se comprometió en Montevideo (Uruguay) a suprimir esta figura “que tanto perjudica a los votantes españoles que viven fuera”. Llamazares expresó en abril su temor a que la desidia de PP y PSOE obedezca al temor a que este colectivo, que se ha visto obligado a emigrar en gran medida para huir de la crisis, pueda expresar su malestar con un voto de castigo al bipartidismo.