MADRID. Moreno les ha comunicado las causas que tienen abiertas en tres juzgados de este tribunal.

En concreto, el Juzgado Central de Instrucción número 4, de Fernando Andreu, tiene pendiente juzgar a Narváez por el asesinato en Murcia en 1992 del policía Ángel García Rabadán con un coche bomba, y por el asesinato a tiros en 1991 de los policías nacionales José Garrido y Francisco Javier Delgado en un comercio de Barcelona.

Además, ambos están implicados en la muerte en 1992 del delegado de Ferrovial en la Comunitat Valenciana, José Edmundo Casañ, que también instruye Andreu.

Los dos miembros de ETA volverán a comparecer el viernes en la Audiencia Nacional ante el juez central de instrucción 1, Javier Gómez Bermúdez, por los sumarios que tienen abiertos en ese juzgado.

Gómez Bermúdez investiga la implicación de ambos en un paquete bomba enviado en 1991 desde Toledo a Madrid a nombre de Jesús Gallego, de Construcciones Atocha, que causó la muerte a tres artificieros cuando querían desactivarlo.

Narváez también está implicado en otra causa de este juzgado pero se encuentra prescrita: un coche bomba que estalló el 15 de abril de 1991 en el cuartel de la Guardia Civil de Torremolinos y causó varios heridos.

Los miembros de ETA tienen asimismo causas pendientes en el Juzgado Central de Instrucción 5, de Pablo Ruz, entre ellas el asesinato en 1992 en Valencia del catedrático Manuel Broseta de un tiro en la cabeza, en el que están implicados ambos.

Alberdi Uranga tiene también en este juzgado una causa prescrita y otra pendiente, esta última por un paquete bomba enviado al Ministerio de Justicia en junio de 1991, que fue devuelto a la empresa de paquetería y estalló el 1 de julio, cuando murieron tres agentes de policía.

Narváez y Alberdi, que son pareja y tienen dos hijos de 17 y 19 años que les acompañaron en el avión del que fueron expulsados de México a España, fueron trasladados el lunes por la tarde en dependencias policiales.

Ambos llevaban 22 años en paradero desconocido y formaron parte del "comando de liberados Ekaitz" que cometió 18 asesinatos en un año, por lo que están considerados como los miembros de ETA reclamados por la justicia con mayor número de delitos.

Tras su detención por la Policía mexicana en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde al parecer llevaban viviendo seis años, Narváez Goñi y Alberdi Uranga fueron expulsados a España.

Los arrestos fueron practicados en el marco de una operación conjunta de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de México.