MADRID. El exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi no se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio contra la supuesta financiación de ETA a través de las herriko tabernas que comenzará el 17 de octubre. La decisión de la Audiencia Nacional supone el primer espaldarazo judicial a la defensa del exmahaikide después de los reveses que han frenado hasta la fecha su libertad condicional después de casi cuatro años de prisión.
La Audiencia Nacional considera, a instancias de la Fiscalía, que Otegi ya fue juzgado por pertenencia a banda armada en el caso Bateragune -y condenado a seis años y medio de cárcel que vencen en 2016-, por lo que se le debe aplicar el principio de cosa juzgada que permitirá a Otegi eludir una petición de condena de doce años.
El auto de la sección segunda de la Sala de lo Penal amplía esta decisión a José Luis Elkoro -juzgado también en el caso Bateragune, Joseba Mikel Garmendia -absuelto tras ser imputado por integrar la asamblea de electos de Batasuna, Udalbiltza-Kursaal- y Josu Imanol Cortázar, condenado por un delito análogo en Francia.
El origen de la decisión hecha pública ayer por la Audiencia Nacional reside en el escrito presentado por la defensa de Otegi. El fiscal Vicente González Mota aceptó la alegación al compartir la argumentación en el que se basa la figura de cosa juzgada.
La Sala, que recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo, entiende que "la identidad sustancial" reside en la propia pertenencia y no en los hechos concretos que servirían como nueva prueba de ese delito, por lo que por esta causa sobre las herrikos se sentarán en el banquillo 36 acusados, once años después de que el juez Baltasar Garzón comenzara a instruir este sumario.
Además, "hay que tener en cuenta que el delito que nos ocupa es el de pertenencia o integración en organización terrorista, que es un delito de mera actividad, que es cosa distinta", señala.
Esto significa, añaden los magistrados, que "esos hechos concretos serían instrumentales de cara a la definición de delito permanente" de pertenencia a organización terrorista, ya que "no ha mediado acto alguno de interrupción que permita diferenciar dos tramos cronológicos diferenciados".
La primera reacción pública a la decisión del tribunal fue la de la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, quien en un su blog consideró "un despropósito" y "un anacronismo" la apertura de la vista oral en este caso.
La dirigente soberanista señaló que el gasto en desplazamientos para asistir a este juicio se elevará a unos 700.000 euros y 8.000 euros más por cada semana que se prolongue.
La portavoz parlamentaria recordó que también en octubre comenzará la vista oral contra "los 40 jóvenes independentistas de Segi, encausados en el sumario 8/10, a los cuales el juicio les supondrá la pérdida de trabajo o estudios, y un gasto enorme para acudir a decenas de sesiones" del juicio en Madrid.
