Bilbao. La formación que dirige Arantza Quiroga trata de hacer frente a la cascada de informaciones que relacionan al PP de la CAV con la financiación ilegal del partido que desgrana los papeles de Luis Bárcenas. Tras analizar sus cuentas y los pagos bancarios de la hipoteca de su sede de Bilbao, la presidenta del PP de la CAV se ha puesto en contacto con sus predecesores en el periodo 1999-2005 -época en que según el extesorero popular la formación en Euskadi habría cobrado comisiones ilegales de empresas-, quienes le han corroborado que no existieron irregularidades.
"Nos dicen que todo es correcto. Es su palabra y nosotros la creemos a pies juntillas", manifestaba ayer a La Sexta Borja Sémper, portavoz del PP en el Parlamento Vasco y presidente de la formación en Gipuzkoa. Fuentes del PP de la CAV confirmaron que el pasado sábado Quiroga se puso en contacto con Carlos Iturgaiz, quien le certificó que durante su mandato al frente de la formación, entre los años 1996 y 2004, no se cometió ninguna irregularidad. Asimismo se citaron para ahondar con "más tranquilidad" en el tema en un próximo encuentro. Según las mismas fuentes, Quiroga también ha tratado de contactar con María San Gil, que fue presidenta del partido entre 2004 y 2008, aunque no lo ha conseguido por encontrarse esta "alejada de la política". No obstante, la actual presidenta del PP de la CAV ha obtenido la misma respuesta -que no hubo cobro de cantidades irregulares- del parlamentario Carmelo Barrio, que fue secretario general de la formación durante el mandato de San Gil.
Para el PP, los testimonios de estos dirigentes refuerzan su tesis de que Bárcenas utiliza sus papeles de contabilidad B contra los populares vascos como una vendetta y una "trampa" por haber sido ellos los más beligerantes en censurar su conducta. "El PP vasco tiene una contabilidad limpia. Lo que dicen las cuentas de esos años es que todo está correcto", reiteraba ayer Sémper, que acusó a Bárcenas de querer "malmeter" contra su formación y "manchar" su honorabilidad.
carpetazo La pregunta entonces es si los populares vascos dan carpetazo a las declaraciones de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz, en las que afirmó que esta formación entregó entre 1999 y 2005 cerca de un millón de euros en efectivo, procedente de comisiones de empresas, al anterior tesorero, Álvaro Lapuerta, para que le diera salida con transferencias oficiales y pagar así la hipoteca de la sede en la Gran Vía de Bilbao.
Por lo pronto, el partido que dirige Quiroga asegura no tener más documentación que la aportada el pasado jueves por su secretario general, Iñaki Oyarzábal, por lo que en aras de la transparencia "informará" en el caso de que encuentre nuevas informaciones que despejen las dudas sembradas por Bárcenas.
Carlos Iturgaiz, que en la actualidad es europarlamentario, salió ayer por primera vez al paso del dedo acusador del extesorero popular e hizo público un comunicado en el que, además de negar la financiación irregular de su partido, aseguró que pone "no solo una mano, sino las dos" en el fuego por todos los dirigentes del PP del País Vasco, desde su predecesor, Jaime Mayor Oreja, a su sucesora, María San Gil, y todos los que le acompañaron en la dirección regional aquellos años.
Iturgaiz no se salió del guion redactado por los de Arantza Quiroga en los últimos días en el sentido de que el partido se financió de las cuantías aportadas por el PP "nacional" al no tener la formación en Euskadi "ni afiliación suficiente para tener ingresos ni recursos de dónde obtenerlos".
Entre tanto, se siguen filtrando los documentos de Bárcenas que ponen en cuestión la financiación del PP de la CAV. Ayer fue el turno de la publicación digital El Diario Norte, que aportó documentos bancarios y cartas del extesorero al Banco Popular, la entidad con la que suscribieron el préstamo hipotecario los populares vascos. Dichos documentos apuntan a que, en contra de lo afirmado por Iñaki Oyarzábal el jueves, la formación en la CAV sí recibió dinero de Génova para pagar la hipoteca. En concreto Bárcenas aportó varios recibos de 12.000 euros ingresado en efectivo en sucursales de Madrid en 2005 "a cuenta del PP del País Vasco para la amortización de préstamos". También incluye cartas en las que, en su condición de tesorero, ordena al banco realizar los pagos. Las aportaciones desde Madrid habrían financiado casi el 40% del coste de la sede de la Gran Vía, adquirida por 1,2 millones de euros.
Fuentes del PP de la CAV reconocieron ayer por primera vez la existencia de esos pagos "puntuales" procedentes del Partido Popular "nacional", aunque matizaron que en ningún caso eran irregulares sino contabilidad oficial de la formación.
Carlos Iturgaiz y María San Gil, anteriores presidentes del PP de la CAV, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Quiroga contactó el sábado con Iturgaiz y, ante la imposibilidad de comunicarse con San Gil, habló con Barrio
El PP de la CAV reconoce ahora que hubo pagos "puntuales" de Génova para la hipoteca de su sede en Bilbao
