GASTEIZ. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que Ejecutivo no reclamará la devolución de suma alguna a los trabajadores eventuales que en 2012 cobraron parte de la paga extraordinaria de Navidad hasta que el Tribunal Constitucional no dicte una sentencia firme al respecto.
Pese a todo, ha reconocido que la "contundencia" con la que el TC se ha pronunciado en favor de mantener la suspensión de esta retribución a los funcionarios vascos no permite albergar "muchas esperanzas" de que vaya a modificar su criterio.
El Pleno del Tribunal Constitucional acordó este pasado lunes mantener la suspensión de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 a los funcionarios vascos, al considerar que su levantamiento podría "poner en peligro" la efectividad de una medida de política económica general relacionada con el conjunto de la política estatal, "encaminada a lograr la contención del déficit y endeudamientos públicos".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha recordado que el Gobierno pidió al Constitucional que, además de pronunciarse sobre la suspensión cautelar, indicara cómo proceder con los cerca de 12.000 empleados temporales o eventuales cuyos contratos se finiquitaron entre los meses de julio y diciembre de 2012 y que, como parte de dicho finiquito, percibieron una cantidad correspondiente a la retribución extraordinaria de Navidad.
El portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha lamentado que, aunque durante el juicio, la representación del Gobierno vasco pidió un pronunciamiento "explícito" al tribunal, éste no lo haya hecho, por lo que deja al colectivo de eventuales "en una situación de grave inseguridad jurídica".
Tras recordar que el pronunciamiento del Alto Tribunal es, por el momento, cautelar, ha anunciado que el Gobierno ha decidido "no reclamar esas cantidades hasta que haya sentencia firme". Además, ha pedido al Constitucional que "resuelva el asunto con la mayor celeridad posible".
"Hasta que el tribunal no se pronuncie sobre el fondo del asunto, las cantidades que fueron satisfechas por el Gobierno vasco a los empleados públicos temporales o eventuales (...) no van a ser reclamadas por el Gobierno vasco", ha afirmado.
De todas formas, Erkoreka ha reconocido que la "contundencia" con la que el TC se ha pronunciado al "priorizar" la adecuación a los objetivos de déficit y a los compromisos de estabilidad adoptados por el Gobierno español sobre cualquier otra consideración --incluidos los "intereses" de los trabajadores afectados-- no permiten albergar "muchas esperanzas" de que vaya a producirse un cambio de "criterio" en la sentencia definitiva.
Además, ha calificado de "preocupante" el hecho de que el auto de este tribunal "se permita calificar" de "extravagancia" la posibilidad de que se produzca un tratamiento "diferenciado" a los "empleados públicos vascos". En su opinión, dado el ritmo con el que habitualmente resuelve sus procesos el Tribunal Constitucional, el contencioso en torno a este tema podría demorarse "entre tres y siete años".
JORNADA LABORAL
Erkoreka también se ha referido a la proposición aprobada la semana pasada por el Parlamento Vasco, con el apoyo de EH Bildu, PSE-EE y UPyD, que insta al Ejecutivo a derogar el decreto que incrementa la jornada laboral de sus funcionarios.
El portavoz ha destacado el "puente de plata" que el líder del PSE, Patxi López, ha puesto "entre Rosa Díez y Batasuna". Además, ha asegurado que se trata de un acuerdo alcanzado entre partidos "antagónicos" con el único objetivo de "perjudicar" al Gobierno. Todo ello, tal y como ha asegurado, sin que a dichas formaciones parezca preocuparles que en realidad están "perjudicando" a los propios trabajadores al servicio de la Administración vasca.
Erkoreka ha explicado que si el Gobierno atiende al mandato parlamentario y deroga el decreto que incrementa la jornada laboral de sus empleados, en Euskadi se produciría la "desaparición" de la normativa autonómica que regula este asunto. De esa forma, no existiría otro "asidero" que la normativa estatal, que establece la jornada de los funcionarios en 1.664 horas anuales. Erkoreka ha recordado que esta cifra se sitúa "muy por encima" de la contemplada en el decreto del Ejecutivo vasco, que sitúa la jornada en 1.614 horas al año.
Aunque ha indicado que el Ejecutivo podría "resistirse" a atender a esta demanda de la Cámara por estos motivos, ha señalado que aún está "analizando" las consecuencias que tendría su aceptación.
Erkoreka ha instado a EH Bildu, el PSE y UPyD a presentar una proposición de ley en la que precisen si lo que pretenden es no atender a las normativas básicas del Estado sobre esta cuestión. "Entonces veríamos qué hacer", ha indicado.
