GASTEIZ. Las quejas presentadas por los ciudadanos vascos ante el Ararteko por las políticas de lucha contra la exclusión social han experimentado un incremento del 3.056 por ciento en dos años.

Las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social han aumentado de manera "extraordinaria" al haber sobrepasado el millar, más del triple que en 2011.

Del total, casi el 90 por ciento (875 quejas) se refieren a problemas relacionados con el "mal funcionamiento" del servicio vasco de empleo Lanbide en su gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) así como de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

Lamarca ha reconocido que los "fallos" de Lanbide al asumir el pago de estas prestaciones han sido "numerosos", con dificultades a la hora de recibir las solicitudes y tardanza en la resolución de algunas ayudas o en la gestión de las irregularidades detectadas.

Ha dicho que la asunción de estas nuevas competencias para ligar el pago de estas prestaciones a la empleabilidad produjo un "colapso" en el sistema y ha alabado la actitud del nuevo Gobierno a la hora de afrontar este problema.

Lamarca no ha querido posicionarse sobre cuál es el mejor modelo para el pago de la RGI, si el anterior desvinculado de Lanbide o el actual, pero ha reconocido que ligar estas prestaciones a la formación para el empleo de los perceptores es una buena decisión, aunque hay que gestionarlo mejor.

Ha recordado además que una buena parte de los perceptores de la RGI son personas que complementan su pensión o que tienen una incapacidad y que, por lo tanto, no buscan su regreso al mercado laboral.

A lo largo de 2012 la institución registró más de 3.000 quejas nuevas, de las cuales 69 fueron actuaciones de oficio.

En la evaluación de las quejas, el Ararteko determinó que en el 55 por ciento de ellas había alguna actuación incorrecta y casi en el 86 por ciento de los casos la administración afectada corrigió o modificó la actuación que originó la reclamación.

El 56 por ciento de las quejas recibidas tenían relación con derechos sociales, en materias como la educación, la sanidad, la protección social y la vivienda, entre otras, y, en un sentido más amplio, el 65 por ciento de las reclamaciones tenían que ver con las prestaciones, recursos y políticas públicas derivadas de las exigencias del Estado social.

Al igual que en el año anterior, el Gobierno Vasco fue la administración contra la que se dirigieron más reclamaciones, el 66 por ciento, mientras que descendieron las quejas dirigidas a los ayuntamientos (20%).

Junto con este informe general, el Ararteko ha entregado el correspondiente a su oficina de la infancia y la adolescencia que, en 2012, gestionó 313 expedientes en los que había la implicación de menores.