El fiscal superior vasco investiga a Mintegi por enaltecer a ETA en el Parlamento

Calparsoro estudia junto a Torres-Dulce lo dicho por la portavoz abertzale sobre el asesinato de Buesa

igor santamaría

BILBAO. El fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, estudiará junto al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, si lo afirmado por la portavoz de EH Bildu, Laura Mintegi, sobre el origen político de los asesinatos de ETA pudiera considerarse un delito de enaltecimiento de terrorismo o de humillación a las víctimas. El pasado martes ambos fiscales conversaron por teléfono sobre la intervención de la parlamentaria abertzale en un debate sobre la Secretaría General de Paz y Convivencia, acordando incoar diligencias de investigación al respecto.

La iniciativa ha sido duramente criticada tanto por la coalición soberanista como por el PNV, quien en palabras de Joseba Egibar piensa que "a buen seguro habrá venido guiada, sugerida o exigida desde Madrid, como en tantas ocasiones". No en vano, la posición de la Fiscalía retrotrae a un clima político pretérito y conecta con decisiones y valoraciones como la aireada por el Gobierno español respecto a la posible derogación de Estrasburgo de la doctrina Parot, dispuesto el Ejecutivo de Rajoy a echar mano de una "ingeniería jurídica" que dificultaría la distensión en el proceso de pacificación.

Calparsoro recibió ayer el acta de la sesión plenaria del 14 de marzo que le remitió la Presidencia del Parlamento Vasco, donde se recoge el instante en que Mintegi aludió al asesinato del socialista Fernando Buesa como "una muerte por causas políticas", precisando que "todas las víctimas son evitables porque todas tienen un origen político". La presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, atendió así al requerimiento de la Fiscalía, que le informó de que había optado por actuar al estimar "necesario investigar las circunstancias y el contexto en que se realizaron esas manifestaciones para determinar si pudo cometerse" por parte de Mintegi "u otras personas" -en referencia a Julen Arzuaga, que también habló de "presos políticos"- un delito.

En concreto, sería el "de enaltecimiento o de justificación del terrorismo o de descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo, tipificado en el artículo 578 del Código Penal". Junto a la copia del acta de ese pleno, Tejeria incluyó una carta en la que expresa al fiscal su "malestar y preocupación por la gravedad" de esta decisión "que menoscaba la prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria", en este caso de Mintegi. El Tribunal Supremo ya se pronunció en 2004 sobre un asunto similar y señaló que los aforados no solo son inviolables, sino que gozan del privilegio de que no se pueda incoar contra ellos un procedimiento, incluso civil.

urquijo marcó el terreno Considera Calparsoro que, dada la condición de aforada de la portavoz de EH Bildu, le corresponde a la Fiscalía de la CAV hacerse cargo de la investigación de los hechos, "para la interposición de acciones penales contra la misma", si lo creyera oportuno. Con la información recabada, Calparsoro y Torres-Dulce analizarán si procede imputar a los parlamentarios de la coalición abertzale por sus intervenciones o si, por el contrario, "no pueden ser imputados sobre manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones".

Justo tras aquel polémico Pleno, el delegado del Gobierno en la CAV, Carlos Urquijo, censuró la intervención de Mintegi y opinó que "siguen acumulándose razones para ilegalizar" a las siglas de EH Bildu. Diez días antes, Urquijo había advertido de que las declaraciones de Hasier Arraiz, después de ser elegido presidente de Sortu, cuando dijo que ETA y su actividad violenta nacieron "como consecuencia de un conflicto político", podían "conducir a la ilegalización" de este partido. Las manifestaciones del dirigente popular se enmarcan en esta cascada de posicionamientos del partido que gobierna en Madrid, multiplicados desde la expulsión de Oslo de tres miembros de ETA, que no ayudan, al igual que las declaraciones de los dirigentes abertzales, a allanar el proceso de paz.

diferentes visiones Juanjo Agirrezabala (EH Bildu) denunció que se pretende "juzgar opiniones", cuando "se sabe perfectamente" que los parlamentarios vascos son "aforados e inviolables". "Nos dijeron que esta es la casa de la palabra y vinimos al Parlamento para defender nuestras ideas. Hemos venido a hablar, acordar y negociar. Todos los conceptos que hemos traído aquí son conceptos políticos", argumentó. Por su parte, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, describió como "intromisión inaceptable" y "absoluto despropósito" esta actuación de la fiscalía.

Por contra, el resto de grupos la respaldó. Más neutro fue el portavoz socialista, José Antonio Pastor, para quien lo dicho por Mintegi pone encima de la mesa "serias dudas" sobre la "sinceridad" de los estatutos de Sortu. La popular Arantza Quiroga se felicitó porque "los parlamentarios tienen libertad de expresión siempre y cuando sus palabras no constituyan un delito". Para Gorka Maneiro (UPyD), EH Bildu "viene enalteciendo las acciones criminales de ETA desde su fundación".

Juan Calparsoro charla con los parlamentarios de EH Bildu Laura Mintegi y Julen Arzuaga. Foto: efe

"A buen seguro que la iniciativa ha venido guiada, sugerida o exigida desde Madrid"

joseba egibar

Portavoz del PNV

"Menoscaba la prerrogativa

de la inviolabilidad parlamentaria"

bakartxo tejeria

Presidenta del Parlamento Vasco

Las reacciones

"El Parlamento ha pasado a ser la casa de los follones, pataletas y querellas"

juanjo agirrezabala

Parlamentario de EH Bildu

"Los parlamentarios tienen libertad de expresión cuando sus palabras no son delito"

arantza quiroga

Parlamentaria del PP