Madrid. El aumento de las penas contra los autores de incendios forestales que prevé incluir Justicia en su reforma del Código Penal no convence a jueces y fiscales, que creen que así no se reducirán estos siniestros, cuyo nivel de devastación este verano achacan a la falta de inversiones en prevención.
Así lo expresaron los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI) en referencia al incremento de las penas de cinco a seis años para los causantes de estas catástrofes que anunció el pasado julio el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Desde la mayoritaria APM, Pablo Llarena subraya que "hay que ser conscientes de que un cambio de penalidad no va a hacer que disminuya la delincuencia" porque ello supondría "pensar que hay gente dispuesta a cometer incendios si las penas son de cuatro años y no lo está si son de cinco o seis".
Aunque no le "parece ni bien ni mal" endurecer estas penas, tal y como está preparando el departamento de Justicia en la reforma del Código Penal que tiene previsto aprobar, ello "no va a modificar los comportamientos" de los culpables. Según el portavoz de la APM, lo que hay que hacer es una "inversión en concienciación colectiva" y aumentar la de los sistemas de vigilancia para impedir la comisión de los delitos y la impunidad de aquellos que los han cometido.
culpa de la reducción Joaquim Bosch, de JpD, coincide en achacar los devastadores fuegos que arrasan diversas regiones españolas este verano a la falta de prevención y a la reducción de los presupuestos con este fin.
Incide de esta forma en que las actuaciones deben encaminarse a lograr evitar estos siniestros "en lugar de desviar la atención" hacia la penalidad que hay que aplicar a los responsables porque, en su opinión, ya es "suficiente" tal y como la tipifica el actual Código Penal. En este sentido, acusa a Gallardón de "actuar a golpe de titular en función de circunstancias concretas" que, muchas veces, "queda en nada y sin continuidad".
Mientras, el portavoz del FJI, Ángel Dolado, también duda de que la manera de combatir los incendios sea castigando más duramente a sus causantes. A su juicio, el problema radica en la investigación de los hechos y en "llegar a averiguar realmente quién ha sido el autor" ya que, una vez se conoce, "el Código Penal ya es punitivo" contra él. "Entrar en una reforma penal para agravar las penas no creo que vaya a disminuir el número de delitos, y en caliente no se debe reformar la ley, que ya tiene bien dimensionadas las penas en este tipo de delitos", concluye.
Por su parte, María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cree que la decisión de Gallardón supone, "una vez más, legislar detrás de los acontecimientos y para contentar a la opinión pública", y ha recordado que la normativa castiga con entre 15 y 20 años de prisión cuando el fuego pone en peligro la vida de las personas y con 3 cuando afecta a masas forestales importantes.
"Si nos dedicamos a endurecer las penas, la opinión pública se frustra luego porque no hay pruebas o no se encuentra al culpable", resaltó.
