GASTEIZ. Así lo han denunciado durante una rueda de prensa el presidente de la Junta de Personal de Correos de Araba, Francisco Javier Martínez, y el presidente del comité de empresa, Nacho García, quienes han explicado que dichas oficinas permanecieron vacías durante la vigencia de los respectivos alquileres.
La dirección de Correos alquiló los locales para proceder al traslado de trabajadores que ocupaban alguno de los edificios propiedad de la empresa que iban a ser reformados pero esas obras no se realizaron y tampoco hubo desplazamientos a las oficinas arrendadas, han asegurado los representantes de los empleados.
Todavía sigue vigente el alquiler de uno de esos locales por el que Correos ha abonado hasta ahora 36.000 euros, han puesto de manifiesto.
Además, tanto el comité como la Junta de Personal han mostrado su oposición al traslado a las oficinas de Correos del polígono industrial de Júndiz, a partir del 1 de febrero, de la mayoría de la plantilla que actualmente trabaja en el edificio principal de la empresa en Gasteiz, situado en la calle Postas.
Según la representación de los empleados, el traslado de la mayor parte de los servicios de Correos a Júndiz provocará un perjuicio a los usuarios y un deterioro de la calidad ya que el polígono carece de transporte público entre las 8:30 y las 13:30 horas.
Este traslado ha sido decidido por la Dirección de Zona de Correos que se encuentra en Bilbao, de la que depende Gasteiz, con el argumento de las obras de rehabilitación que se pretenden llevar a cabo en el edificio principal a raíz de "deficiencias" observadas en las evaluaciones de riesgos.
Según el comité y la Junta de Personal, la empresa en ningún caso les ha comunicado las deficiencias que esgrime la dirección para justificar las obras y el traslado.
Nacho García ha recordado que el comité ha presentado una propuesta sobre el ahorro energético que se podría lograr cerrando la segunda planta del edificio principal concentrando los servicios en la primera, aunque este planteamiento ha sido rechazado por la dirección.
Ambos representantes de los trabajadores han apuntado que detrás de todas estas irregularidades podría estar la intención de la empresa de vender el patrimonio público.
