Vitoria. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, informó ayer de que hoy mismo remitirá a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia presentada contra el candidato del PP a la Diputación Foral de Álava, Javier de Andrés, por un presunto delito de cohecho. El firmante de esta denuncia es el ex director foral de Transportes, Carlos Jiménez, quien en su día fue denunciado personalmente por Javier de Andrés y que será juzgado por urdir presuntamente una trama para quedarse con 1,4 millones de euros que debían servir para subvencionar las líneas rurales de autobús. Ahora, Jiménez asegura que el aspirante a diputado general por el PP, apoyó a la constructora que remató la autopista AP-1, la Vitoria Eibar, después de comprar a esta misma empresa un chalé muy por debajo de su precio real.

Izaguirre explicó que la carpeta que contiene la documentación recopilada por Jiménez, y en la que se expone con todo detalle el patrimonio de De Andres- está dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, no a la alavesa, por lo que su papel, por el momento, se limitará a trasladar la denuncia. De acuerdo con la acusación de Jiménez, el candidato del PP compró a la constructora Yarritu en julio de 2003 un chalé por 206.365 euros en Ibaiondo. Toda una ganga, ya que el precio medio de ese tipo de viviendas por aquella época rondaba el medio millón de euros. El chalé, que formaba parte de una promoción de casas de precio tasado, se asienta sobre un terreno de 151 metros cuadrados, 130 construidos, que previamente había pertenecido al Ayuntamiento de Vitoria. De Andrés señaló hace cuatro años que adquirió el chalé a la firma constructora Yarritu en 2001, y no en 2003, una fecha en la que, declaró, "era imposible saber que tres años después me convertiría en diputado de Obras Públicas". El entonces diputado de Obras Públicas calificó las acusaciones vertidas entonces sobre él de "insidias injustas y desagradables", que responden a una actitud "terriblemente injusta".

Contratos por 4,5 millones Según el candidato, la compra de su vivienda respetó las condiciones impuestas por el Ayuntamiento de Vitoria el 15 de noviembre de 1996, fecha en la que se sentaron las bases de precio y adjudicación para los 304 unifamiliares adosados, 129 unifamiliares aislados y 1.450 viviendas colectivas. No obstante, aquél no fue el único contacto que Javier de Andrés mantuvo con Yarritu, ya que en 2006, el Departamento de Obras Públicas que él lideraba adjudicó contratos a la constructora por valor de 4,5 millones. Sus antecesores en el cargo durante aquella legislatura, también contrataron a esta empresa para ejecutar trabajos, aunque por tan sólo 286.000 euros. De Andrés nunca llegó a hacer constar su nombre al pie de los contratos con Yarritu. En su lugar constó la firma de su directora, Guadalupe Martín, quien dimitió de su cargo poco después.

Según fuentes consultadas por este diario, este cruce de denuncias es el resultado de las fuertes tensiones internas que se viven desde hace años entre varias ramas del PP alavés. Aunque DNA trató ayer de ponerse en contacto con Javier de Andrés para conocer su valoración de lo ocurrido, resultó imposible localizarle.