París. Mañana despega el primer vuelo que deportará a gitanos en condición irregular desde Francia hacia Rumanía y Bulgaria despegará mañana. Unos 700 gitanos serán enviados a esos países en aviones de compañías privadas que despegarán los próximos 19 y 26 de agosto desde aeropuertos públicos, a los que se sumará un tercer vuelo previsto para finales del mes de septiembre. Esta expulsión es consecuencia de los desmantelamientos de campamentos de gitanos, 51 hasta ahora, que está aplicando el Gobierno de Nicolas Sarkozy.

El último de ellos ocurrió ayer mismo, cuando 84 personas fueron evacuadas de un terreno comunal en Tremblay-en-France, en las afueras de París, según confirmó el ministro francés del Interior, Brice Hortefeux, que adelantó que en los próximos días ocurrirá lo mismo con otras 150 personas que viven en un campamento de Marsella. "No se trata de estigmatizar a una comunidad, sino de hacer respetar la ley", reiteró el ministro en un acto en Toulon, al sureste de Francia, respondiendo así a las críticas que están creciendo dentro y fuera de Francia por su política hacia los gitanos.

También de derechas A estas condenas se han sumado, en los últimos días, también algunos políticos de derecha, que señalaron que el Gobierno está yendo demasiado lejos. Es el caso del diputado del partido de Sarkozy, la gobernante Unión por un Movimiento Popular (UMP), Jean-Pierre Grand, quien comparó la política del actual Ejecutivo galo con los gitanos y poblaciones nómadas con las "redadas" que había durante la guerra. Otros diputados, también de derechas, se han limitado a calificar de sorprendente la iniciativa presidencial, como Francçois Goulard, quien afirmó, en declaraciones al diario Le Parisien, que el desmantelamiento de los campamentos gitanos no va a resolver los problemas de seguridad del país. Todo esto se está haciendo con demasiada "precipitación", según Goulard, quien alerta de que no es nada bueno "para un país como el nuestro recurrir a métodos que no se justifican".

También hay quienes expresan su preocupación ante la posibilidad de que pueda provocar una "estigmatización" y aumentar la violencia, uno de los argumentos de los partidos de la oposición que hablan de medidas "bárbaras", expulsiones de la "vergüenza" y utilización del colectivo gitano como "chivo expiatorio" para arañar votos.

El Gobierno francés inició el desamantelamiento de los asentamientos tras los incidentes violentos que acontecieron en la localidad de Saint Aignan (centro), después de que un policía matase a un joven gitano durante una persecución. El trágico episodio dio lugar a disturbios callejeros en la localidad, incluido el ataque al cuartel de la Gendarmería. Las evacuaciones se repiten cada día hasta cumplir el objetivo fijado por el Gobierno de desmantelar en un plazo de tres meses la mitad de las instalaciones de este tipo que se calcula que hay en todo el país, es decir, unas 300.