madrid. El Tribunal Constitucional ha vuelto a fracasar, y ya van cinco veces, en el intento de aprobar una sentencia sobre el Estatut de Cataluña, lo que ha llevado a dejar en manos de su vicepresidente, el conservador Guillermo Jiménez, la tarea de redactar un nuevo texto casi cuatro años después de la entrada en vigor de la norma. Pero este fracaso se hace más sangrante en Cataluña por una razón: porque el órgano que decide sobre el futuro de la ley básica que ha de regir (y de hecho rige) su ordenamiento, es un órgano en funciones. Cuatro de sus integrantes, el propio Jiménez, la presidenta María Emilia Casas y los magistrados conservadores Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata, concluyeron su mandato en diciembre de 2007 y por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para nombrar a sus sustitutos, siguen de prestado en sus asientos.
Sólo un posible acuerdo sobre la renovación de estos cargos (además del nombramiento del sucesor del fallecido García Calvo), parece capaz de desbloquear la situación dado que la división de pareceres y la inmovilidad en sus criterios de los 10 actores (jueces) que han de decidir, volvieron a ser ayer la causa del fracaso del Constitucional. El quinto borrador de sentencia, redactado por la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, fue ayer rechazado por seis votos a cuatro en una votación celebrada por el pleno tras tres días intensos de deliberaciones que no han servido de nada. La consecuencia inmediata ha sido la renuncia de Pérez Vera a elaborar un nuevo texto, tarea que la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, ha encomendado a Jiménez, un magistrado de 70 años adscrito al sector conservador que, sin embargo, se ha desmarcado a menudo de la línea mantenida por este bloque.
elecciones El cambio de ponente y la necesidad de redactar un nuevo borrador supone un nuevo retraso de la esperada sentencia sobre el Estatut y hace muy difícil que el TC pueda tener una resolución antes de las elecciones catalanas del próximo otoño, por lo que la opción más lógica sería esperar a que se hayan celebrado los comicios. De hecho, el texto que fue ayer rechazado comenzó a elaborarse a partir del pasado mes de noviembre, tras varias votaciones "prospectivas" que revelaron que el cuarto borrador -entonces sobre la mesa- no tenía el respaldo suficiente para salir adelante, como tampoco lo ha tenido el quinto.
Aunque no debería empezar de cero, Jiménez tendría apenas dos meses para elaborar una sentencia y someterla a votación antes del verano sin interferir en el proceso electoral, ya que si superase ese plazo rompería la costumbre del Constitucional de no notificar sentencias "polémicas" en periodos previos a elecciones. Además, y pese a la posición mantenida en ocasiones, el nuevo ponente es un magistrado conservador, lo que anticipa que habrá más recortes de los previstos en el borrador de Pérez Vera.
