falta una semana para las elecciones y seguro que son pocos los votantes que saben qué proponen los partidos en materia audiovisual: qué televisiones públicas quieren (o no quieren), cuántos grupos privados consideran justos y necesarios, si hay que poner o no alguna condición a los canales de pago o si hace falta un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Como asegura a este periódico Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, “en España se terminó la transición política -lo que no quiere decir que no se pueda reabrir- pero nunca se llegó a terminar la transición audiovisual”. Desde que en 1956 empezó a emitir Televisión Española (y diez años después su segunda cadena) hubo estabilidad y un monopolio que duró hasta el 31 de diciembre de 1982, cuando salió al aire la primera cadena autonómica del Estado, ETB-1. Un año después llegó TV3, en 1986 nació ETB-2 y poco a poco el resto de Forta. En 1990 llegaron Antena 3 y Telecinco, en 2005 surgió Cuatro y en 2006, La Sexta. A partir de entonces, el panorama se revoluciona con fusiones, la llegada de la TDT, el cierre de canales, nuevas concesiones y, más recientemente, la irrupción de dos gigantes: Movistar+ y Netflix. En pocos años se ha pasado de una oferta limitadísima a televisión a la carta y de unos receptores sencillos a las smart tv, esas que un gran fabricante tuvo que desmentir que espían a los usuarios porque antes recomendó “no hablar de temas personales” delante del aparato...
Política errática en materia audiovisual
La directora general de EITB, Maite Iturbe, resume la situación con una sola frase: “El modelo de mercado ha cambiado completamente”. Expertos en análisis de audiencias coinciden en que es así y que “se debe sobre todo al usuario, sus hábitos, costumbres televisivas y ocio, etc., no a las empresas. Los cambios en los hábitos de los espectadores a nivel sociológico afectan al medio televisivo en general, pero el consumo de televisión no está disminuyendo”. Añaden que, después de una serie de peripecias, “el mercado está muy polarizado (un duopolio) y Mediaset España y Atresmedia reúnen casi el 60% de cuota y el 90% de publicidad”.
Hay otro momento clave, especialmente para la televisión pública del Estado: desde que no emite publicidad, La 1 ha bajado su audiencia del 16.4% (cuota de 2009, último año completo con anuncios) al 9.8% actual. Según los expertos, “son muchos los motivos de este descenso, pero evidentemente los recortes en su presupuesto han sido determinantes, además de otras cosas que todos sabemos. Los datos actuales de Telecinco (14.9%) y Antena 3 (13.5%) no son muy diferentes de los de aquel año 2009 (15.1% y 14.7%, respectivamente). Sin embargo, en el caso de Forta, en 2009 se promedió un 13.6% y en 2015 está en el 7.6%”. Esto sí ha desconcertado a algunos analistas, que esperaban que las televisiones públicas de las comunidades autónomas se beneficiaran de la progresiva caída de audiencia de TVE por tener un público bastante parecido. A pesar de todo esto, y de tener en 2015 un presupuesto para hacer programas similar al de 1995, en la actualidad ETB es la autonómica más vista sólo por detrás de la catalana, cuando en 2010 estaban por delante la andaluza y la gallega.
Hay consenso en que los gobiernos españoles han tenido una política errática en materia audiovisual. “Se han cometido muchos errores: los canales a dedo, los cambios de legislación, los cierres de cadenas, la forma de eliminar la publicidad de TVE, los recortes, la propia evolución del mercado, la concentración? En fin, muchos problemas, inconvenientes, patinazos? ha habido de todo los últimos años. Y finalmente se ha conformado un mercado muy muy muy concentrado”, insiste un experto.
¿Entre el cierre y la irrelevancia?
Aunque los partidos no se han explayado sobre su proyecto televisivo y, especialmente, sobre las televisiones públicas, representantes de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular acudieron a la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Getafe a un acto organizado en colaboración con el grupo de investigación Teledetodos y el diario digital infoLibre. La pérdida de audiencia y de credibilidad de TVE, además de la incertidumbre laboral que conllevan los continuos rumores de un ERE masivo, es un problema que tendrá que afrontar el nuevo Ejecutivo. El presidente de la Academia cree que los últimos gobiernos “no han pretendido cerrarla, sino conducirla hacia la irrelevancia. Es un mal asunto: un país moderno necesita una televisión pública centrada en los problemas de los ciudadanos, que preste un servicio social y conviviendo (aunque siempre habrá roces) con las cadenas privadas”. Agustín García Matilla, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid en el Campus de Segovia y miembro del grupo de estudios Teledetodos, recuerda que “los países europeos con sistemas democráticos más asentados poseen radiotelevisiones públicas sólidas y la mayor parte aspira a contar con audiencias consolidadas”. Cree que “el Informe de la Comisión para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado, nombrada por Zapatero en 2004 fue un espejismo. La mayoría de las medidas adoptadas por los gobiernos de PSOE y PP han ido en contra de la supervivencia de la televisión pública”.
Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Complutense, afirma que “sobre la traza histórica de las hipotecas heredadas de un régimen dictatorial y su radiotelevisión de régimen, por encima de las inacabadas transiciones democráticas en este campo, la crisis económica iniciada en 2008 ha proporcionado la gran ocasión y el supremo pretexto para un acelerado proceso de desregulación de los medios de comunicación, de las reglas que deben seguir los medios privados pero también y de las funciones y el control de los medios públicos. Cuando más trascendentales eran los medios públicos, en términos de contrapeso a la concentración privada y a la centralización de la comunicación y la cultura, más han sido debilitados en todos los frentes”.