Vitoria. En este caso el PP ha cumplido lo que prometió cuando tomó las riendas del Gobierno español: Rajoy dijo en su momento que "traeremos a esta Cámara la reforma legal necesaria para permitir nuevos modelos de gestión" en las televisiones autonómicas. Dicho y hecho. La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado, con lo que la citada ley entra en vigor con todo su peso. Con ella se abren las puertas a la posibilidad de privatización de las televisiones autonómicas. "No es una obligación. Se trata de ampliar las posibilidades de decisión de cada comunidad autónoma en el marco de sus estatutos y de sus competencias", precisó en su momento la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. Apuntó también que esta medida se toma para responder a la demanda expresa de algunas comunidades (se refería a las de Madrid y Castilla-La Mancha) y como un "instrumento más para impulsar políticas que permitan una mayor eficiencia y una reducción del gasto en las Administraciones públicas".

Según el último informe elaborado por Deloitte para Uteca (patronal de las televisiones privadas), las autonómicas cerraron 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros (3% menos que en 2009). Su deuda con entidades de crédito era por aquel entonces de 1.466 millones, concentrada sobre todo en la televisión pública valenciana (1.117 millones) y en la de Madrid (242 millones).

El coste neto por hogar de las autonómicas (incluidos ingresos publicitarios) fue de 84 euros de media en 2010. No obstante, las cifras varían desde los 49 euros por hogar de Telemadrid a los 153 euros de EiTB. Los datos que maneja el PP reflejan que las televisiones públicas autonómicas tenían empleadas en 2010 a un total de 7.260 personas, con un coste en personal de 410 millones de euros, el 48% del total de gastos de ese ejercicio. La catalana TV3 es la que tenía una plantilla más voluminosa (1.959 trabajadores), seguida de Canal 9 (1.291), Canal Sur (1.016) y Telemadrid. Por contra, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ha asegurado que las televisiones autonómicas suponen de media solo el 0,5% de los presupuestos de las comunidades.

Con la nueva ley las autonomías podrán decidir qué hacer con sus televisiones, tanto si quieren mantener el servicio tal cual como si quieren encargar ciertas gestiones a empresas privadas. Eso sí, si se hacen cargo por completo de la gestión, no podrán ser deficitarias porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".