La decisión de Nueva Caledonia

Algo más de 174.000 habitantes de Nueva Celedonia deciden hoy si quieren la desvinculación total de Francia, en el último capítulo de una lenta descolonización que todos los sondeos apuntan a que se saldará con un claro rechazo a la independencia. El voto en un territorio que goza ya de una amplia autonomía, situado a 17.000 kilómetros de París, al norte de Nueva Zelanda, ha despertado escasa expectación en una metrópoli que no vivía un proceso similar desde los referéndums de independencia de Comoros y Yibuti a mediados de los 70. Solo el 20% de los franceses de Europa conocía hasta hace unos días lo que se juega en esta consulta marcada por las diferencias socioeconómicas entre autóctonos y colonos.

Los canacos son los más partidarios a salir de Francia, a quien culpan de las desigualdades, mientras que el bando lealista está integrado mayoritariamente por colonos que creen que, sin la metrópoli, el archipiélago caería bajo el influjo chino. La poco probable victoria del sí abriría un proceso lento de transición hacia la independencia, mientras que el anunciado triunfo del no, que los sondeos sitúan siempre por encima del 60%, supondría proseguir en la autonomía lanzada hace 30 años.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que se ha mantenido neutro en la campaña, hará un discurso en torno a este mediodía, cuando se espera que se conozcan los resultados de las 284 mesas electorales, mientras que el primer ministro, Edouard Philippe, se reunirá en Noumea, la capital, con las principales fuerzas políticas al día siguiente. Porque incluso la victoria del no mantiene abierto el proceso, ya que los independentistas pueden reclamar otros dos referéndums en los cuatro próximos años, sin que los canacos pierdan en ningún caso el derecho a la autodeterminación que les reconoce la ONU en su condición de excolonia.

La consulta de hoy es el último paso del proceso iniciado en 1998 para evitar una descolonización traumática. Convertida desde 1853 en presidio para disidentes y delincuentes comunes por Napoleón III, los autóctonos fueros paulatinamente desplazados hacia el norte, donde todavía hoy son mayoritarios. Los colonos y los prisioneros liberados fueron quedándose con la mayor parte del territorio, mientras los canacos eran aplastados en sus tímidas revueltas, sobre todo las de 1878 y 1917. Tras una década de revueltas, en mayo de 1988 se produjo el drama de Ouvea, en plena campaña presidencial en la metrópoli, que acabó con un asalto ordenado por el entonces primer ministro, Jacques Chirac, en el que murieron dos gendarmes y 19 canacos.

Chirac, derrotado tres días más tarde por François Mitterrand en la carrera por el Elíseo, cedió el testigo a Michel Rocard, que logró que los líderes independentistas y unionistas firmaran los acuerdos de Matignon, que diseñaban un proceso lento de autonomía que culminaría con un referéndum. Diez años más tarde, el 72% de la población refrendó los acuerdos de Noumea que preveían un proceso de descentralización de 20 años, con una ciudadanía caledonia y la transferencia de competencias, excepto la política exterior, la seguridad y la justicia.

Ahora llega el momento de decidir si esa autonomía es suficiente o deja paso a la plena independencia. En estos años, las diferencias económicas entre canacos y colonos se han reducido, pero siguen siendo enormes en un archipiélago que goza de cierta prosperidad, con la mayor renta per cápita de los territorios franceses de ultramar.

Sus reservas de níquel, un cuarto de las mundiales, son el principal aporte económico, junto con la contribución de la metrópoli, evaluada en unos 1.200 millones de euros anuales. Pero la productividad sigue siendo baja y el coste de la vida más elevado que en la Francia continental, un desequilibrio que afecta sobre todo a los canacos, las capas más pobres de la población. Éstos han visto su peso demográfico reducirse con el paso de los años, diluidos con la llegada de población europea y de vecinos asiáticos, hasta no ser ahora más que dos quintos del total. Sin embargo, su peso en el censo del referéndum es muy superior, ya que de los 270.000 habitantes solo pueden votar aquellos nacidos en el archipiélago o con una prolongada residencia en el mismo.