Bucarest - Unas 440 personas, 24 de ellas agentes de Policía, resultaron heridos en la multitudinaria manifestación contra el Gobierno que tuvo lugar el viernes por la noche en Bucarest. Además, 65 heridos, 11 de ellos policías, tuvieron que ser hospitalizados. En torno a 110.000 personas participaron en la concentración en la Plaza de la Victoria, según medios locales, para protestar contra la corrupción. Decenas de personas intentaron romper el cordón policial que protegía la sede del Gobierno, provocando que las fuerzas del orden intervinieran lanzando gases lacrimógenos. La Policía usó también cañones de agua y porras contra los manifestantes. Según los servicios de urgencias, más de cien personas han tenido que ser atendidas por la inhalación de gas y varias decenas de agentes resultaron heridos por el lanzamiento de piedras y botellas.
El propio presidente del país, el conservador Klaus Johannis, criticó la “brutal manera de proceder” de la Policía contra los manifestantes, y exigió una explicación sobre lo sucedido a la ministra del Interior, Carmen Dan, sobre lo que calificó de “intervención desproporcionada” por parte de la Policía. “Condeno firmemente la brutal intervención de la Policía antidisturbios, muy desproporcionada con las acciones de la mayoría de las personas en la plaza”, señaló Johannis en su página de Facebook.
Las autoridades policiales, sin embargo, insistieron ayer en que la actuación estuvo justificada, que se trató de “violencia legítima del Estado” y que los agentes intervinieron cuando fueron atacados. Los manifestantes, la mayoría residentes en el extranjero, reclamaban la dimisión de la primera ministra socialdemócrata, Viorica Dancila, y del presidente del Parlamento, Liviu Dragnea, líder del gobernante Partido Socialdemócrata de Rumanía. Dragnea es el verdadero hombre fuerte de Rumanía pero no puede ser investido primer ministro por una condena dictada en su contra en el año 2016 por fraude electoral.
El actual Gobierno de coalición, liderado por los socialdemócratas, ha tomado en los últimos años varias medidas polémicas, que según sus críticos dificultan la lucha contra la corrupción y que han provocado distintas oleadas de protestas populares.
El Parlamento de Rumanía aprobó en julio despenalizar parcialmente el abuso de poder, un cambio legal que puede beneficiar también a Dragnea, que un mes antes había sido condenado a tres años y medio de prisión justo por ese delito. El Gobierno también destituyó este año a la fiscal jefe anticorrupción. - Efe
