De las 17.000 viviendas de Alokabide, "tan solo un 0,3%" están okupadas

En la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana del Parlamento Vasco, la parlamentaria del PP Ana Morales ha solicitado la comparecencia del consejero para informar sobre el procedimiento de desalojo de okupas en viviendas sociales del Gobierno Vasco.

El titular de Vivienda ha subrayado que "los casos de viviendas okupadas, tanto los que afectan a viviendas sociales como a propietarios particulares, preocupan y ocupan" al Gobierno Vasco.

"La posición del Departamento de Vivienda es una posición firme cuando se produce una vulneración de derechos, firme y proactiva, especialmente cuando el derecho es el de una persona vulnerable, como lo son muchos de los demandantes de Etxebide, que ven cómo su acceso a la vivienda se impide o se retrasa porque alguien decide saltarse los procedimientos", ha señalado.

No obstante, ha precisado que "el hecho de que le preocupe al departamento, no quiere decir que la okupación sea una situación común, ni mucho menos habitual", ya que "de las 17.000 viviendas gestionadas por la sociedad Alokabide, tan solo un 0,3% están en esa situación, o dicho de otra manera, el 99,7% de las viviendas destinadas a alquileres sociales y asequibles están ocupadas legalmente".

"Para ser 'un fenómeno', como usted se empeña muchas veces en este Parlamento en calificarlo, parece que no destaca demasiado", ha contestado al PP antes de insistir en que "la dimensión del problema es muy limitada, lo que no quiere decir que no se deba prestarle atención".

"Somos conscientes de que para ese 0,3% al que le toca sufrir la situación, tanto si es una persona que espera una vivienda protegida, como un vecino que ve alterada su normal convivencia o un pequeño propietario al que se le prive injustamente del uso de su vivienda, la okupación se convierte en una situación angustiosa que le impide desarrollar su vida con normalidad y ejercer sus derechos, y no estamos dispuestos a permitirlo", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que la posición del Gobierno Vasco va a ser de "tolerancia cero", aunque ha insistido en "situar el tema en su justa dimensión".

El consejero ha detallado las labores que se realizan "con carácter previo para evitar las ocupaciones ilegales y reducir los prejuicios ocasionados al parque público de vivienda y a los vecinos afectados".

"A veces lo solemos solventar con titulares gruesos, con políticas y con discursos de brocha gorda, pero creo que es importante que esta comisión conozca en profundidad tanto el problema y el diagnóstico, como los abordajes que estamos acometiendo", ha defendido.

90 INDICIOS DE OKUPACIÓN

En materia de prevención, ha detallado que "a lo largo del año 2024 se ha intervenido en 90 indicios de okupación en el parque público de vivienda, cuya materialización se ha evitado en un 63% de los casos". "Las claves de los buenos resultados obtenidos en esta gestión obedecen al despliegue de una estrategia basada en la prevención que Alokabide aplica en distintos ámbitos", ha señalado.

Itxaso ha contestado al PP que "no resta importancia" a esta situación y ha detallado que "el periodo medio de tiempo que se tarda en poder resolver en los tribunales estos problemas, está entre los seis meses y un año".

También ha rechazado que Euskadi se encuentre "a la cabeza" del Estado y ha explicado que "Andalucía destaca por el volumen de su parque público, pero también por su nivel de impagos, del entorno al 40%, y es una de las comunidades junto con Cataluña con mayor nivel de okupación".

"No me voy a meter con la Junta de Andalucía porque estoy convencido de que hacen todo lo posible para que esta situación no se dé", ha señalado antes de acusar al PP de intentar "causar alarma social" con esta comparecencia.

EL CASO DE IBAIONDO

En este sentido, ha citado un caso en el barrio de Ibaiondo, en Gasteiz, donde hay "un problema de intrusión a los garajes a través de múltiples portales porque hay muchas personas que tienen acceso a ellas".

"Es un bloque en el que hay del orden de siete u ocho okupaciones, cinco de las cuales tienen que ver con ocupaciones ilegales y tres son impagos. Eso ha dado lugar a toda una problemática de inseguridad en los aparcamientos, gente que está viviendo en algunos trasteros, problemas de botellón, algún caso de tráfico de estupefacientes", ha informado.

Tras señalar que se trata de "perfiles muy diversos", ha dicho que ha hablado con algunos de los arrendatarios y le trasladaron que "algunos tienen temor, por ejemplo, a acceder a los garajes donde tienen su coche".

Según ha detallado, el Gobierno Vasco ha hecho "varias intervenciones, la última de ellas en febrero, cuando se cerró todo, limpiaron y desinfectaron", pero "algunas de las personas que están morando ilegalmente son okupas de algunas de las casas, se dedican a repartir las llaves y, aunque se cambien las cerraduras, las reparten" y "las tienen más gente de la que debiera".

Itxaso ha explicado de que van a "volver a cerrar" y a limpiar, y ha avanzado que ha convocado para el martes 20 de mayo, con la participación de la Ertzaintza, "una mesa interinstitucional basada en otras experiencias previas que han salido bien". "En el caso de Ibaiondo vamos a actuar de esta manera, con plena colaboración del Ayuntamiento, por supuesto, Alokabide, la Guardia Municipal, la Ertzaintza, vamos a actuar haciendo más cerramientos para evitar intrusiones", ha detallado.

Además, ha destacado que ha pedido una reunión al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con el que se están "coordinando para tratar de reducir los plazos, en la medida de lo posible, para que los damnificados, no lo sean tanto".

GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

La parlamentaria del PP Ana Morales ha afirmado que Euskadi está "a la cabeza del conjunto de España en la protección social, por lo que no se entiende que esté también a la cabeza en el incremento de delitos vinculados a la ocupación ilegal, que son delitos de allanamiento y de usurpación". "Nos preocupa porque se está generando en Euskadi un crecimiento muy importante del número de delitos vinculados a la ocupación ilegal. Somos la comunidad autónoma donde más crece la ocupación ilegal", ha reiterado.

El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga cree que "entre los muchos factores y caras que tiene la emergencia habitacional", hablar de nuevo de la okupación podría "sobredimensionar el tema" y "crear una preocupación cuando se trata de una tasa de incidencia muy baja".

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha señalado que la cifra de okupación en el caso de las viviendas sociales "es ridícula" y considera que la comparecencia pedida por el PP "tiene un objetivo político muy descarado de sobredimensionar una cosa como esta, criminalizar a colectivos y de generar una sensación que no es real".

Desde los grupos en el Gobierno, Jonatan Moreno(PNV) ha pedido "no exagerar y no obviar", ya que considera que "es un problema, que aunque es pequeño, se debe atajar, pero también evitar la demagogia y no generar una sensación de miedo infundada en la ciudadanía"; y Adrián Fernández (PSE) ha resaltado que "los problemas son testimoniales" y ha pedido abordar estos asuntos "con calma" porque "muchas veces se alimenta una inseguridad artificial por parte de algunos partidos".