Más de tres de cada diez sin techo en Euskadi son menores de 30 años

Son los datos que se desprenden del VI Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión hecho público ayer por el Gobierno Vasco. Es por eso que la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Nerea Melgosa presentó un nuevo plan con 19 acciones para tratar de atajar esta grave realidad.

El Borrador de la II Estrategia vasca contra la exclusión residencial grave para el periodo 2023-2028 pone sobre la mesa medidas para prevenir y reducir la exclusión residencial, con medidas para “fortalecer el derecho de las personas sin hogar a la vivienda, reforzando las medidas para evitar los desahucios y ofreciendo a las personas y familias que han perdido su vivienda una alternativa habitacional adaptada a sus necesidades”.

Así las cosas, tras identificar las mayores vulnerabilidades de la población en exclusión, las nuevas medidas van encaminadas a ayudar a los y las jóvenes “sin referentes familiares en su tránsito a la vida adulta, acompañando a aquellas personas jóvenes dadas de alta en centros residenciales y de internamiento”, señaló Melgosa.

Y es que un 20% de los sin techo estuvo en un centro de acogida de menores en situación de desprotección. Además, más de tres de cada diez son menores de 30. Una cifra que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Ya que en el último lustro las personas jóvenes sin vivienda han pasado del 25% al 35%, en la suma de las tres capitales de la CAV.

Asimismo, casi ocho de cada diez, un 78%, sin techo son de origen extranjero, a diferencia del 63% que se contabilizaba en 2016. Destaca asimismo la cifra de cronificación de la situación de las personas que viven en la calle. Uno de cada tres lleva al menos cuatro años sin una vivienda.

Desahucios

Por otro lado, según apunta el estudio, las dificultades socioeconómicas se dan en 2 de cada 3 situaciones de exclusión residencial grave. El 70% han dormido alguna vez en la calle y un 20% ha sufrido agresiones físicas. Además, el 45% tiene un problema de salud grave o crónica y de ellas el 20% no recibe tratamiento médico; y las enfermedades mentales afectan al 18%.

La consejera hizo hincapié en que el borrador del documento establece medidas para prevenir y reducir la exclusión residencial “fomentando el derecho a la vivienda, al empleo, a la garantía de ingresos, a la salud y a los Servicios Sociales, mejorando la calidad de los recursos de atención y promoviendo la cooperación entre diferentes entidades”.

De igual manera, Melgosa puso el foco en la necesidad de “garantizar la seguridad personal y el bienestar de las personas sin hogar, previniendo su victimización” por lo que el documento recoge la importancia de “sensibilizar a la población sobre el fenómeno de la exclusión residencial, transformando la percepción social sobre las personas sin hogar”.

Así las cosas, aunque solo una de cada diez personas sin hogar son mujeres, en Gobierno Vasco pondrá el acento en ellas, por su “mayor vulnerabilidad”, por lo que el borrador incluye la creación de “recursos especializados para uso exclusivo de mujeres en situación de exclusión”.

Aunque la inversión que hace la CAV en la atención a las personas sin hogar es notablemente superior a la media estatal, treinta euros de gasto público por habitante frente a los 7 del Estado, Melgosa aseguró que “no se pueden valorar solamente las cifras”. Es por eso que insistió en la necesidad de “incidir en los factores que generan situaciones de exclusión residencial grave, como la enfermedad, el desempleo, la imposibilidad de acceso a la vivienda, la insuficiencia de ingresos y la falta de apoyos relacionales para la integración social”.

Unos factores que han duplicado la cifra de las personas sin hogar en Euskadi, y que Lakua pretende combatir con “sistemas de servicios sociales, empleo, salud y garantía de ingresos, así como desarrollando recursos formativos específicos”.