Un juzgado de Vitoria ha admitido a trámite la querella interpuesta por el sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP) contra el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y ha abierto diligencias de investigación por la presunta comisión de delitos de coacción, prevaricación administrativa y contra la libertad sindical.
Así lo ha informado en una nota de prensa ASP que también ha precisado que el Juzgado de Instrucción 4 de Vitoria ha decidido investigar en el mismo procedimiento al comisario jefe provincial de la Policía Nacional en la capital alavesa, José Ángel Sanz Cejudo, y a otro agente.
La querella ha sido interpuesta por ASP por unos hechos acaecidos en marzo de 2022 al incoarse un expediente disciplinario a uno de sus representantes sindicales.
ASP considera que la finalidad de esa medida disciplinaria es "amedrentar" a su afiliado con el fin de que "cese" en su "perseverancia porque se cumpla la legalidad" ya que el ahora expedientado está llevando acciones sindicales para acabar con "las ilícitas comisiones de servicios" que se generan en la Brigada Provincial de Información.
En opinión de ASP, se "sortean los requisitos legales establecidos para" esas comisiones y se "consiente que se prolonguen en el tiempo mucho más allá de los que reglamentariamente está permitido".
ASP argumenta en su querella que el expediente disciplinario a su representante sindical "se ha iniciado al margen del procedimiento" y se ha dejado la decisión en manos del director general de la Policía con el objeto de "doblegar la voluntad" de esta persona.
En un auto fechado el pasado lunes el Juzgado de Instrucción 4 de Vitoria acuerda admitir a trámite la querella, abre diligencia previas y decide llamar a declarar como querellados a los tres acusados.
ASP ha recordado que este no es el primer caso que promueve contra el director general de la Policía y el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Vitoria por supuestamente otorgar puestos de trabajo mediante comisiones de servicios ilegales y que hay abierto en los juzgados de la capital alavesa otro procedimiento penal donde se investiga si ha existido prevaricación administrativa continuada.
