“Hemos cerrado el año atendiendo a más de 8.115 migrantes en tránsito por la ruta de Irun”

¿Hacen falta corredores humanitarios para las personas en tránsito que llegan a Irun?

-En un contexto en el que ya hemos empezado a lamentar el fallecimiento de personas en el río Bidasoa, desde el Gobierno Vasco estamos exigiendo una y otra vez que se garantice la seguridad en los tránsitos de estas personas. Creemos que para ello los corredores humanitarios son fundamentales.

¿Cuál sería su aplicación práctica?

-Habría que establecer una ruta segura para estas personas, evitando así el riesgo que asumen y la aparición de mafias, que siempre aprovechan estas situaciones dramáticas para hacer negocio. El reconocimiento de esa ruta tendría que estar contemplado dentro de la política europea en materia migratoria. Ni Euskadi ni el Estado son una isla. Es evidente que hace falta una respuesta firme a nivel europeo.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reconocido al PNV en el Congreso que con la negativa de “muchos gobiernos europeos” es poco menos que imposible avanzar en esa dirección.

-No es fácil llegar a acuerdos en un ámbito tan amplio como el europeo, pero nosotros estamos viviendo en primera persona esta realidad, y no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que hacer incidencia política, reclamar sí o sí el tránsito. Estamos siendo testigos de la cantidad de personas que utiliza la ruta de Irun para llegar a Europa.

¿Cuántos migrantes han sido atendidos este año?

-A fecha 31 de diciembre, un total de 8.115 personas habían hecho uso de los recursos, principalmente del de Hilanderas, y en menor medida del albergue de peregrinos y el de Hondarribia, que fueron activados con el plan de contingencia. El crecimiento es notable con respecto a 2020, en el que se atendió a 3.493 migrantes en tránsito. Hemos cerrado el año dando respuesta a más de 8.000 personas, algunas de las cuales han perdido la vida, por lo que no podemos mirar hacia otro lado.

¿Qué otras medidas se pueden explorar?

-El control de fronteras, extranjería e inmigración son competencias del Gobierno estatal. Siendo esto así, el Gobierno Vasco viene desarrollando políticas en esta materia. Dentro de nuestras competencias, hemos puesto en marcha recursos específicos para atender a estas personas, pero hace falta que el Gobierno central comparta información y estrategia con las comunidades autónomas y les convoque a una Comisión Interterritorial que no se celebra desde 2018.

Un año, por cierto, que marcó un punto de inflexión en el devenir de los flujos migratorios.

-Sí, fue el año en el que se constató un notable incremento de flujos migratorios en la ruta de Irun en su tránsito a Europa. Pues bien, desde ese año no se ha convocado la comisión, algo que entendemos como un error. Nos tenemos que sentar con el Gobierno central para hablar de una realidad que estamos viviendo muy de cerca. No contar con ese espacio formal nos ha obligado a abrir por nuestra cuenta un espacio de trabajo y colaboración directo con el Gobierno de Canarias.

¿En qué medida el archipiélago e Irun son a día de hoy vasos comunicantes?

-Casi un 95% de las personas que han utilizado los recursos de Irun llegaron al Estado vía Canarias. Para el Gobierno Vasco está siendo fundamental tener esta línea de trabajo abierta durante este año. Lo es porque la intensidad de salidas desde Canarias es la que conforma la realidad en Irun al cabo de mes y medio o dos meses. Estamos obligados a tener que seguir trabajando en esa línea. Para el Gobierno Vasco es imprescindible tener el termómetro puesto en las islas.

¿Y todo ello sin diálogo con Madrid?

-Lo idóneo sería que el Gobierno central convocara la comisión para compartir información y estrategias, pero no somos llamados a ese espacio común entre las diferentes administraciones. Y es la pura necesidad la que nos ha llevado a abrir espacios informales con Canarias, de la misma manera que hemos abierto otra línea de trabajado desde el mes de diciembre con el otro lado de la muga.

¿Se refiere al compromiso de diálogo permanente con Iparralde?

-Sí. A raíz de la declaración institucional que se firmó a primeros de diciembre entre la Mancomunidad única de Iparralde y el Gobierno Vasco, ambas administraciones nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente y colaborar.

¿Qué aplicación práctica va a tener esta nueva línea de trabajo?

-Una representación de Euskal Herri Elkargoa va a formar parte de la mesa interinstitucional que se creó hace años en Euskadi entre las diferentes administraciones y agentes del tercer sector para diseñar la respuesta a todas las personas migrantes en tránsito que llegan a Euskadi. También nos hemos comprometido a compartir información, perfiles y datos de llegadas. En suma, mantenemos reuniones bilaterales.

Los controles policiales del Estado francés lo condicionan todo. ¿Mantiene el Gobierno Vasco algún tipo de contacto con París?

-No ha sido posible, y entretanto llevamos tiempo denunciando que la policía francesa está realizando controles selectivos. Hemos diseñado planes de contingencia para responder a los diferentes escenarios cuando el recurso ordinario de Hilanderas no es capaz de absorber el volumen de llegadas. Pero ahora mismo ese no es el problema. No entraña dificultad dar respuesta con plazas a los diferentes escenarios. El mayor contratiempo es el estado de control de frontera que está llevando a cabo Francia desde hace ya unos meses, con excusas como la pandemia y la amenaza terrorista. Son controles selectivos porque solo se controla a las personas negras que quieren pasar la muga. La policía francesa está llevando a cabo devoluciones en caliente a plena luz del día, como acreditan múltiples documentos gráficos.

¿Qué cambiaría en Euskadi el cumplimiento de la transferencia en materia de inmigración, reclamada por el lehendakari, Iñigo Urkullu?

-En cuanto al tránsito de personas no conllevaría grandes cambios porque se trata de un tema de Extranjería puro y duro. Pero con la transferencia podríamos diseñar y poner en práctica un modelo vasco de acogida, y abrir una línea de actuación con respecto a los permisos de trabajo.

Hace unas semanas, en una entrevista en este periódico, se ponía en cuestión la “falta de claridad” a la hora de explicar “qué administración” gestiona el recurso de Hilanderas en Irun.

-Se trata de un programa estatal financiado por el Ministerio de José Luis Escrivá, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La gestión la lleva Cruz Roja, y el Gobierno Vasco ha realizado inversiones dentro de ese recurso. Además, se han diseñado planes de contingencia para que cuando ese recurso no sea capaz de acoger los flujos de llegada, se pongan en marcha otros servicios para dar respuesta. Sea cual sea el escenario, tenemos que tener capacidad de reacción.

Ustedes dicen que ninguna persona ha dejado de ser atendida en el recurso de atención a migrantes, e Irungo Harrera Sarea ha venido denunciando un goteo de casos. ¿A quién creer?

-¿A quién hay que creer? Primero hay que tener en cuenta qué organismo marca el criterio de quién es persona migrante y quién no. Es el Ministerio el que lo hace y, según su definición, es toda aquella persona que llega a territorio español vía marítima (por patera) y no lleva aquí más de un año. Ese es el criterio que marca el Ministerio. Pues bien, el 97,7% de las personas que llegan al recurso de Irun lo cumplen. Es un 2,3% el que no tiene acceso.

¿Qué personas hay tras ese 2,3%?

-Quienes llevan más de un año en el territorio español porque su vida es un tránsito continuo. Un perfil que es atendido en otros recursos.

¿Hace falta revisar la definición de persona migrante en tránsito?

-Nosotros no tenemos competencia para definir el perfil de persona migrante en tránsito. Ese tipo de cuestiones, como tantas otras, se deberían tratar en la comisión interterritorial con las comunidades autónomas, que no se ha convocado desde 2018.

¿Una persona en tránsito que no es atendida en el recurso de urgencia puede correr riesgo de tomar una decisión precipitada, como es cruzar el río?

-Creo que es una tesis muy banal y poco contrastada. Me parece muy arriesgado lanzar afirmaciones de esa naturaleza. Entre otras cosas, porque no todas las personas en tránsito utilizan el recurso de Irun. Y entre quienes sí lo hacen, hay de todo: desde las personas que van a cargar el móvil y comunicarse con su familia a otras que se quedan dos o tres días porque requieren de un apoyo psicosocial determinado. La casuística es muy variada, por lo que ese tipo de afirmaciones son muy atrevidas y, en mi opinión, poco rigurosas.

Entre las personas que deciden iniciar aquí su proyecto de vida hay una elevada tasa de paro. ¿Somos realmente un país de acogida o vemos a quien viene de fuera como mano de obra barata?

-Somos un país de acogida. Un 10% de la población es migrante, y un 84% de las personas que llegan al País Vasco muestran su disposición a quedarse a vivir en Euskadi para siempre. Teniendo estos datos en cuenta, el hecho migratorio ha resaltado una característica que siempre ha tenido Euskadi, como es su sociedad diversa. En los últimos años podemos decir que estamos ante una sociedad multicultural y uno de los retos del Gobierno Vasco a futuro es ser capaz de gestionar esa diversidad, una realidad muy positiva ya que configura la sociedad vasca del futuro.

Las diferentes misiones del barco humanitario ‘Aita Mari’ han puesto en evidencia la falta de coordinación en Europa a la hora de dar respuesta a la crisis migratoria. ¿Cómo ha seguido estas operaciones de rescate de puertas adentro?

-El Aita Mari refleja perfectamente los valores humanitarios que defiende este Gobierno Vasco. Es un proyecto para estar orgullosos de él. No nos limitamos a una financiación pura y dura sino que cuando se realizan los rescates y surgen las dificultades para conseguir los permisos para llegar a puerto, nos mantenemos en permanente contacto con el Aita Mari para establecer canales de comunicación con otras administraciones. No nos limitamos a dar una financiación anual sino que hay un compromiso.

‘Marlaska, Legarreta, errudunak’. ¿Se ha sentido señalado por algunas pancartas tras los trágicos desenlaces en el Bidasoa?

-Aquella pancarta me dio pena. No todo vale para hacer incidencia política. Llama la atención una actuación así cuando hay un consenso tan amplio sobre la necesidad de que Europa tome cartas en el asunto. Todos coincidimos en que las prácticas de la policía francesa son las que son. Salir con una pancarta diciendo que los culpables son Marlaska y Legarreta es querer desviar la atención hacia unos intereses políticos.