Los grupos que conforman el Gobierno autonómico y los de la oposición no han logrado alcanzar un acuerdo en la Cámara de Gasteiz para presentar al Estado una propuesta conjunta sobre la recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia en la CAV. Sin embargo, el pleno de la Cámara de Gasteiz -con el apoyo de las formaciones que sostienen al Ejecutivo (PNV y PSE)- ha emitido un texto final en el que se solicita al gabinete de Pedro Sánchez que dé pasos en el camino para la devolución de estas propiedades eclesiásticas.
El debate en el hemiciclo respecto a los bienes eclesiásticos inmatriculados por la Iglesia católica durante décadas -este mecanismo polémico funcionó hasta el año 2015- se ha producido a propuesta de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos-IU, que habían tramitado en la Cámara de Gasteiz dos iniciativas sobre las posibles actuaciones irregulares con las propiedades registradas por la Iglesia y sobre las actuaciones a realizar para estudiar su devolución.
Ambas propuestas han sido finalmente rechazadas por el pleno, y en su lugar se ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE en la que se recoge el referido emplazamiento al Gobierno español para estudiar posibles cambios legales que faciliten la recuperación de bienes indebidamente registrados a nombre de la Iglesia.
Figura controvertida
Las inmatriculaciones de bienes se contemplaban en una controvertida figura legal que fue derogada hace seis años por el Congreso de los Diputados. Este mecanismo, que funcionó entre los años 1978 y 2015, permitió a la Iglesia registrar a su nombre numerosas propiedades por un coste simbólico y sin que apenas se le exigieran requisitos para demostrar la pertenencia de dichos bienes.
La enmienda de EH Bildu emplazaba al Gobierno vasco a elaborar en el plazo de seis meses un inventario de los bienes inmatriculados y a que, posteriormente, lo publicara en el Boletín Oficial del País Vasco. Por su parte, Elkarrekin Podemos instaba al Ejecutivo español a elaborar un proyecto de ley por el que se articule “una solución global mediante la que se cancelen de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho”.
En cualquier caso, ha sido la enmienda de jeltzales y socialistas la que se ha llevado el gato al agua, con la abstención de EH Bildu y de Podemos, mientras que PP+Cs y Vox votaron en contra.
A través de la iniciativa aprobada, el Parlamento insta al Gobierno vasco a que solicite al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, “a la mayor brevedad posible”, el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Euskadi; así como la información que disponga al respecto “con el fin de que pueda ser puesta en manos” de la Cámara vasca, las diputaciones forales y Eudel.
Además, el Parlamento Vasco emplaza al Gobierno español a “estudiar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia Católica”.
En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha denunciado que la Iglesia ha aprovechado una vía abierta “por un dictador” como Franco para perpetrar “un robo” y “apropiarse indebidamente de un patrimonio que es del pueblo”.
Podemos las cifra en 530
Por su parte, la portavoz de Podemos, Miren Gorrotxategi, cifra en aproximadamente 530 las inmatriculaciones de bienes realizadas en Euskadi por la Iglesia. Asimismo, reclama que “se haga justicia” declarando la “nulidad” de estas inscripciones de propiedades.
El parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa ha precisado que “no se puede decir” que todos los bienes inmatriculados por la Iglesia se han registrado de forma irregular. En todo caso, defiende la fórmula de impulsar una reforma legislativa para abordar el problema.
Desde el PSE, Miren Gallastegi ha rechazado “gastar más recursos” en la elaboración de informes y apuesta por tomar medidas “para poder solucionar” el problema.
Por parte del grupo PP+Cs, Luis Gordillo ha reprochado a Elkarrekin Podemos que plantee este asunto en el marco de su estrategia de “revisión del pasado inmediato y de la Transición”. Además, ha afirmado que las personas que se sientan perjudicadas por las inmatriculaciones ya disponen de vías jurídicas.
