La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación en el que pide reabrir el llamado caso 'Vitaldent', que el juez instructor archivó al no apreciar indicios de delitos contra la Hacienda Pública ni de estafa, porque cree que se basó en un informe elaborado con datos poco fiables y obvió, en cambio, uno fundado en los "datos auténticos" que constata la existencia de delitos fiscales.
La causa tiene su origen en una denuncia conjunta interpuesta en 2013 por una veintena de franquiciados contra la antigua cúpula directiva por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal y falsedad documental. Las franquicias denunciaron que estaban obligadas a cobrar en metálico a sus pacientes y pagar en negro un 10% de su facturación al presidente, Ernesto Colman.
En un auto dictado el pasado 13 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, acordó el sobreseimiento libre al concluir que no se dan los elementos típicos de los delitos contra la Hacienda Pública ni hay indicios incriminatorios respecto a los delitos de estafa y apropiación indebida, por lo que a su vez decaerían los posibles delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
Los fiscales anticorrupción José Grinda y Tomás Herranz, en un escrito del 25 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, formulan un recurso de apelación para impugnar las conclusiones de García-Castellón sobre los delitos contra la Hacienda Pública y estafa.
Grinda y Herranz esgrimen que, si bien el juez decidió archivar entendiendo que no se había podido determinar la supuesta cuota defraudada a la Agencia Tributaria, esta asunción es errónea porque se apoya en un informe elaborado en 2020 por peritos de Hacienda en base a documentos que no son "fiables".
Y ello porque, según explican, "el informe de enero de 2020 solo contempla como documentación las hojas de caja y los programas Navision y Ulyses" de las clínicas propias, y "ni los unos ni las otras son fiables", conforme declararon en sede judicial los propios peritos.
El Ministerio Público remite a García-Castellón a informes anteriores de 2017 que beben de los datos de las clínicas propias --propiedad del Grupo Vitaldent-- y de las estrictamente franquiciadas. "Se basan en un documento que fue elaborado para las propias personas investigadas, para su conocimiento y, por tanto, con los datos auténticos", sostienen.
MILLONES DE EUROS EN CUOTAS DEFRAUDADAS
Detallan que la documentación a la que se refieren los informes de 2017 es la intervenida al investigado Bartolo Conte, "mano derecha" de Colman, y que es "muy fiable" porque "recoge datos reales de 2013 a 2015 ocultados a la Agencia Tributaria". De ella y de la pericial judicial, aseveran los fiscales, se desprenden con "claridad" delitos referidos a esos tres ejercicios y a los de 2011 y 2012.
Así reflejan que las cuotas defraudadas a Hacienda por el IVA y el Impuesto sobre Sociedades serían de 1,7 millones en 2014; de 4,5 millones en 2013; y de más de 500.000 euros en 2015, aunque en este caso solo por el IVA.
A lo que añaden que, de los archivos intervenidos y aportados por Inversiones Odontológicas, actual propietaria del Grupo Vitaldent, se concluye que "éste no tenía documentación contable conforme a lo exigido por la ley, en relación con los ejercicios de 2011 y 2012". Por eso, exponen, los peritos no pudieron concretar la cuota que se habría defraudado en estos dos años.
Con todo, señalan que, aunque García-Castellón entendió que los informes de 2017 quedaban "superados" con el informe de 2020 y un último de 2021, no es así, sino que, como analizan documentos diferentes, de los de 2017 se deduce la existencia de delitos fiscales, mientras que "con la documentación que se les aporta para los informes de 2020 y 2021 no pueden cuantificar la cuota defraudada".
PAGOS EN B
Anticorrupción afirma que hay "varios elementos incriminatorios" respecto al delito contra la Hacienda Pública y en este sentido apunta a "la existencia de cobros mensuales en B por importes que oscilan entre los 10.000 a 12.000 euros mensuales por cada una de las clínicas propias" y a "pagos en B por franquiciados de confianza".
Menciona asimismo una "doble contabilidad", "realizada 'ad hoc' con la finalidad de cuadrar sus declaraciones fiscales", que estaría acreditada por "las tablas aportadas junto la denuncia y confeccionadas por el ex director financiero que contiene la contabilidad A y B de las clínicas", así como facturaciones sin IVA.
Todo ello conduce a la Fiscalía a sostener la existencia de una organización criminal que estaría dirigida por Colman y Conte por cuanto detecta "una unidad de propósito y dirección de los investigados, que crearon y controlaban una estructura organizada (...) cuyo objetivo final es el fraude organizado y el blanqueo de los beneficios obtenidos".
Anticorrupción señala a Colman como el 'cerebro' que estaría detrás de la creación de "un entramado de sociedades instrumentales" al frente de las cuales situaría a "personas de su confianza de conducta activa, como Conte, o más pasiva --testaferros--". En esta operativa también participarían sociedades de asesoría contable, fiscal y laboral, "con las que se diseña la forma de actuar más ventajosa y segura para la organización".
TAMBIÉN EN PAÍSES BAJOS, LUXEMBURGO Y SUIZA
El punto de partida de esta presunta dinámica sería el dinero que los clientes de las clínicas dentales pagaban en metálico, que quedaría registrado a nivel interno pero no reflejado en la contabilidad oficial para evitar declararlo al fisco. De ahí la "doble contabilidad" de las mercantiles implicadas. Este efectivo serviría para hacer los distintos "pagos en b", incluidos a los propios trabajadores y a proveedores.
Por otro lado, los fiscales constatan "la imposición de condiciones fraudulentas a los franquiciados, por el uso de la marca, entre ellas el pago de determinados cánones según su volumen de facturación, entre el 10% y el 11%, así como el pago actividades que no prestaba, especialmente el canon de publicidad, de un 5%, destinando dichos recursos al enriquecimiento personal de los responsables del Grupo Vitaldent".
La piedra clave de este "sistema defraudatorio", acotan Grinda y Herranz, sería "el pago de unos cánones mediante la entrega de dinero en efectivo --un 10%, 10.000 euros mensuales según los casos--, eludiendo el pago de los impuestos, mediante el flujo de capital desde las clínicas odontológicas de la marca Vitaldent". Según el Ministerio Público, se habrían establecido "rondas de recogida por las diferentes clínicas".
Anticorrupción calcula que la supuesta trama llevaría actuando "con gran estabilidad y permanencia en el tiempo", al menos desde 2009, tanto en el Estado español como en otros países, entre los que menciona expresamente Países Bajos, Luxemburgo y Suiza, donde realizaría "operaciones ficticias que permitían a los investigados la posterior introducción en el circuito legal de los beneficios obtenidos con su actividad ilícita".
Para ello, el Ministerio Público relata que "se trasladaba el dinero, bien físicamente (por ejemplo, en noviembre de 2012 interceptan a otro de los investigados, Miguel García Álvarez, en salida a Andorra con 130.000 euros en efectivo sin declaración previa) o mediante operaciones ficticias, con facturación falsa y la utilización de entidades instrumentales" radicadas en España y en los citados países.
