La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha descartado este lunes que la futura Ley de Vivienda vaya a ahuyentar a los inversores y ha defendido que se trata de una medida para "atender la necesidad" de acceso a la vivienda de una parte de la población.
"El interés de este Gobierno es desarrollar un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda, y atender una necesidad, que es la de muchas personas, jóvenes, parejas, personas que viven solas o trabajadores que con su trabajo son incapaces de acceder a una vivienda", ha expresado Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes.
La portavoz ha insistido en que garantizar la vivienda para la población no implica una salida de los inversores, y ha recordado que el Estado español "está captando mucha inversión extranjera en los últimos trimestres".
El Gobierno confía en que esa entrada de capitales extranjeros se siga manteniendo, atraída también por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, como ha indicado Rodríguez. "Tranquilidad en ese sentido", ha zanjado la portavoz.
PRESENTACIÓN DE LA LEY EN LOS "PRÓXIMOS DÍAS"
A pesar de la polémica en torno a esta normativa, el texto definitivo de la ley todavía se desconoce y las reacciones, tanto políticas como del sector inmobiliario, responden a algunas medidas que han trascendido hasta el momento.
Rodríguez ha vuelto a señalar que la futura Ley de Vivienda se presentará "en los próximos días" y se ha referido a algunas de las cuestiones aprobadas ya por el Gobierno para impulsar el acceso a la vivienda.
Entre ellas, la ministra portavoz se ha referido al bono social de 250 euros para la ayuda al alquiler, con requisitos de los beneficiarios todavía por precisar, o el paquete de ayudas para la rehabilitación de edificios.
Rodríguez ha cuestionado de nuevo a las comunidades autónomas que ya han expresado su rechazo a la aplicación de esta ley y les ha instado a dar explicaciones ante sus ciudadanos cuando eso ocurra.
No obstante, confía en que sean "pocas o ninguna" comunidades las que rechacen la ley. La futura normativa será "respetuosa" con las competencias autonómicas, por lo que será posible que las comunidades autónomas se nieguen a aplicarla.
Aunque todavía se desconoce el texto, el Ejecutivo ya ha adelantado que la normativa contempla un recargo del 150% del IBI para pisos vacíos, la reserva de un 30% de las nuevas promociones para destinarlo a vivienda de protección oficial o deducciones de hasta el 90% para propietarios si bajan el precio del alquiler.
