- Josune Gorospe, portavoz de Educación del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, explica que el PNV, que votó a favor de la LOE y en contra de la ley Wert, apoya la modificación de ésta última -la Lomloe, más conocida como ley Celaá- porque, aunque la considera “invasiva”, anula los aspectos más lesivos de la ley Wert y permite el encaje del sistema educativo vasco.
La Lomloe ha contado con el apoyo del Grupo Vasco pero usted asegura que es una ley invasiva.
—Todas las leyes de Educación de Madrid, por definición, nos parecerán invasivas, pero lo importante es que nuestro sistema tenga encaje en ellas, ya que en caso contrario volveríamos a estar en una situación complicada en la que cualquiera puede judicializar nuestras políticas educativas. En este proyecto de ley hemos intentado matizar y continuamente hemos ido metiendo enmiendas para que se tengan en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y la singularidad de los derechos históricos. Lo hemos incluido en un montón de párrafos porque queríamos que nuestra singularidad estuviera recogida en el texto.
Uno de los temas que ha generado controversia ha sido la regulación de los centros concertados. ¿Afecta al modelo vasco?
—En el texto de la ley se recoge la coexistencia de las dos redes, la pública y la concertada, que es como se ha estructurado el sistema educativo vasco, por eso consideramos que nuestro modelo tiene engarce en la ley. No obstante, presentamos una enmienda y, al final del proceso, una transaccional que negociamos con todos los grupos, porque pensamos que el punto 3 del artículo 109, que recoge la programación de la oferta tanto de los centros educativos públicos como concertados, se podía afinar.
Desde la oposición política al Gobierno español se acusa a la nueva ley de restringir la libre elección de centro.
—Empezamos nuestra intervención en el pleno de votación del proyecto diciendo que, por un lado, queríamos la defunción de la ley Wert y, por otro, que ninguna ley de Educación que se haga en Madrid es nuestra ley. La ley del Estado es para todo el Estado y nosotros hemos ido desarrollando modelos y sistemas educativos radicalmente distintos. Nuestro modelo de concertada, por ejemplo, es un modelo con tradición histórica, con apego al territorio y con un reconocimiento por la sociedad vasca. Tiene modelos pedagógicos de excelencia y trabaja en ámbitos que para nosotros son estratégicos. Con esto quiero decir que no nos pueden confundir, trasladando o pretendiendo trasladar a Euskadi problemas que no son nuestros, problemas que tienen en otros lugares porque han desarrollado otros modelos educativos. La libre elección es una de esas cuestiones que se han puesto en solfa y sin embargo está reconocida en el artículo 84 y en otros. La libre elección sigue recogida en la ley.
¿Pasa lo mismo con el debate sobre la lengua vehicular?
—El concepto de lengua vehicular, esa inclusión que hizo Wert con la voluntad, según dijo, de españolizar al alumnado catalán, desaparece. Lo que dice la ley es que se avanzará en lo que se recoge en la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa correspondiente. Nosotros, que defendimos hasta el final nuestra enmienda, decíamos que donde no hubiera otra lengua oficial, la lengua vehicular fuera el castellano y queríamos un reconocimiento expreso de que en aquellos sitios donde los estatutos de autonomía recogen la existencia de una lengua oficial propia, esa fuera la lengua vehicular. No conseguimos suficiente apoyo. No obstante, lo que estaba en la ley Wert desaparece y nos parece un avance. Además, en distintos puntos del proyecto de ley hemos incorporado el concepto de lengua propia, lo que es importante.
¿Se puede decir que la Lomloe conlleva avances en materia de lenguas propias?
—Al final, con unas cosas y otras, consideramos que las distintas lenguas tienen más espacio, más reconocimiento, y ese estatus de lengua propia tiene presencia en varios puntos del proyecto de ley gracias a nuestras enmiendas. Vamos a seguir reivindicando que hay que avanzar en el reconocimiento de las lenguas propias y que puedan desplegarse de manera efectiva.
Al valorar esta nueva ley educativa usted ha destacado que acaba con la ‘ley Wert’.
—Es importante recordar que los agentes del sistema educativo rechazaron con contundencia la ley Wert, que era absolutamente invasiva. A todos nos suenan algunos de sus aspectos más perjudiciales, como las reválidas. También es cierto que en Euskadi algunos de estos elementos más nocivos se pudieron sortear gracias al marco Heziberri. En general la ley Wert ha sido una espada de Damocles para el sistema educativo vasco, ya que podías sortear algunas limitaciones pero estabas sujeto a una posible judicialización.
Algo que ya pasó.
—Ocurrió con el tema de las becas. En Euskadi teníamos un sistema de becas financiado exclusivamente con presupuesto vasco y desde Madrid nos dijeron que no podíamos ir más allá de lo establecido en el Estado. La ley Wert condicionó nuestro sistema de becas, que es parte del éxito de nuestro modelo educativo, y que nunca antes había tenido problemas.
¿Cree adecuado llamar ‘ley Celaá’ a la nueva regulación?
—Yo la llamo Lomloe, porque la referencia es la Ley Orgánica de Educación, la LOE. Esta es una actualización, una modernización de la ley, que incorpora, por ejemplo aspectos de políticas de igualdad, que son importantes y en los que también trabajamos desde otros ámbitos. También están muy presentes aspectos de cohesión social y se aborda el tema del abandono escolar, que en el Estado constituye un grave problema. Nosotros tenemos una tasa de abandono escolar por debajo del 7%, pero en el Estado supera el 17%.
La división en el Congreso no augura un buen arranque de la ley.
—En nuestra intervención en el pleno apelamos a los dos grandes grupos para que aprendan a hablar y acordar leyes, porque eso les llevaría a hacer marcos más genéricos.