Bilbao - Quizá muchos de ustedes -y sin duda la generación de EGB- guardan con mimo la orla de curso firmada por sus compañeros de clase en el reverso. Antes, cuando para ver una fotografía había que ir a un laboratorio e imprimirla en papel, todas las instantáneas eran un objeto de valor. Eran algo que enseñar al círculo más íntimo. Y fuera de ahí, como muy lejos, aquella foto de clase la llegaba a ver alguna vecina o amigos de tus padres durante una sobremesa. Ahora, las cámaras digitales y los smartphones han banalizado el momento captado. Las fotos han perdido el valor místico de antaño. Y su difusión por Internet ha despertado en parte de la población una preocupación sobre la gestión de la identidad en la red, sobre todo si se trata de la de menores.

Hoy en día, en vez de orlas, los colegios usan múltiples medios para informar de su actividad, como revistas impresas, blogs, videoblogs, la web del propio centro... Y tampoco es nada raro ver la imagen de estudiantes en los soportes publicitarios de ciertos colegios, ya sea en folletos o a escala de un metro por dos en la marquesina del autobús. Escándalos como el de la venta de datos personales por parte de Facebook o el goteo de casos de depredadores sexuales por Internet han generado un estado de alarma social.

Cada vez son más las familias que se cuestionan si los colegios protegen la imagen de los menores que tienen a su cargo adecuadamente. ¿La autorización que piden los colegios preserva los datos de los menores?, ¿se sabe con exactitud qué implica ese consentimiento parental?, ¿existe la posibilidad de autorizar ciertos tratamientos de las fotos y vetar otros?, ¿las direcciones son flexibles ante esos vetos familiares?, ¿los centros informan con transparencia sobre el uso que va a hacer de las imágenes de su alumnado?, ¿existe una normativa al respecto?, ¿es legítima la autorización por omisión?...

Son muchas las dudas que surgen en torno a esta delicada cuestión. Varias familias vascas cuyos hijos e hijas estudian en colegios concertados acudieron el curso pasado ante el Ararteko para mostrar su oposición al modo en que estos centros trataban de recabar su consentimiento para el uso de imágenes tomadas a sus hijos en el entorno escolar. Según estos padres, los centros solo les daban la opción de otorgar o denegar su consentimiento de modo general, sin permitir que pudieran acotar dicha autorización al medio por el que se iban a difundir las fotos: página web, Twitter, Facebook, Youtube, Google+ o medio impreso (díptico, anuario, orla infantil).

En opinión de estas familias, los centros deberían pedir su consentimiento por separado en función de los medios de difusión de esas imágenes, algo a lo que los centros no solo se negaron, sino que la postura de los padres acabó en “prácticas discriminatorias”. Según su denuncia, sus hijos e hijas fueron apartados de actividades docentes y extraescolares debido a su negativa a autorizar en modo general el tratamiento de sus imágenes por miedo a que acabasen en redes sociales ajenas al colegio.

El Defensor del Pueblo del País Vasco intervino e incoó un expediente de oficio, al efecto de comprobar que el Departamento de Educación cumplía el compromiso adquirido con su oficina de editar una guía que ayude a los centros escolares respecto al cumplimiento de la protección de datos del alumnado, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas. En opinión de la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria, la inquietud de ciertas familias sobre la protección de la imagen de sus hijos e hijas obedece al “estado de ansiedad colectiva que generan las redes sociales”. No obstante, Uria hace una llamada a la “serenidad y tranquilidad” ya que “tiene que haber una cierta normalidad y no pensar que en todo hay intenciones aviesas y patologías”.

Desde su punto de vista, los colegios “deberían permitir no un único consentimiento, sino que fuesen más flexibles y permitiesen que los padres puedan autorizar el uso de las fotos para unas cosas y para otras no”. En este sentido, la directora de la AVPD apela a la “sensatez” de las partes. “Si son en espacios públicos -argumenta- no se debe dramatizar en exceso, salvo casos especiales en los que no se pueda difundir la imagen de un menor. Ahí el centro debe ser razonable y ponderar esa circunstancia”.

Nuevo reglamento Uria explica su sistema ideal para proteger los datos de los menores. “Si salen con el coro el día de Santa Águeda, si están jugando en el patio, si es un cumple, con una autorización general vale. Pero si luego van a salir en una publicación más importante, en una página web o en un calendario estaría bien que existiera la posibilidad de que los padres pudieran volver a manifestar si quieren que sus hijos o hijas aparezcan. Pero yo insisto, evitando la ansiedad excesiva”. No obstante, la directora de la AVPD es consciente de que “no son lo mismo los viejos álbumes de fotos de nuestra época que los medios telemáticos actuales”.

En consecuencia, Uria ve con buenos ojos que el Departamento de Educación haya dado el paso de analizar la realidad de la protección de los datos del alumnado en los centros docentes y elaborar una guía que les oriente. Existe numeroso material similar a nivel del Estado y europeo. Y en fechas más recientes, la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha editado un documento sobre la protección de datos en el ámbito del deporte escolar que contó con la supervisión de la propia AVPD.

Aunque Uria reconoce que es prácticamente imposible que un documento prevea toda la casuística, lo fundamental es que “se dé unas pautas que permitan la vida ordinaria de los chiquillos y que a la vez estén protegidos”. Según señala el Ararteko en su informe anual, la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos puede ayudar a despejar la situación. No en vano, dice el Defensor de Pueblo, en un futuro cercano el tratamiento de los datos personales deberá estar legitimado en base a un consentimiento inequívoco, nunca por omisión. Una de las novedades que incorpora el reglamento es que exige una “actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las organizaciones frente a todos los tratamientos de datos personales que se lleven a cabo”.

Además, las autorizaciones que se soliciten deberán ser obtenidas “a través de una información que deberá proporcionarse de forma concisa, trasparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje sencillo”. Algo, que las familias que llevaron su conflicto hasta el Ararteko, no tuvieron por parte de los centros denunciados. Otra de las derivadas de la nueva normativa es que en el Estado español se adelantará un año la edad a la que los menores podrán manejar sus datos personales: fotos, abrir un correo electrónico, crear un perfil, etc. Ahora, los menores de 14 años necesitan la autorización parental para hacer todas estas cosas. Pero dentro de unos meses podrán hacerlo a los 13 años.

La directora de la AVPD explica que “el reglamento europeo opta por establecer en 16 años el límite de edad, pero deja que los Estados miembros de la UE la puedan bajar hasta los 13; y el proyecto de ley que en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados opta por bajar a los 13 años la edad en la que los menores podrán decidir sobre su imagen”. Por eso, puntualiza Uria, “es tan importante que los menores sepan respetar al prójimo y protegerse a sí mismos”.