MÁLAGA. Fuentes cercanas a su entorno han explicado a Efe que su libertad se hizo efectiva ayer a última hora de la tarde tras permanecer más de tres meses en la prisión provincial de Chimbas, en la provincia argentina de San Juan.
Hasta que no se resuelva el proceso, Carlos Fernández tendrá la obligación de presentarse cada quince días en el juzgado y de pedir autorización para salir de la provincia, así como la prohibición de abandonar el país.
Varios juzgados españoles habían solicitado la extradición por la presunta comisión de diferentes delitos cuando era concejal en Marbella, aunque la justicia argentina poner limitaciones, ya que considera que algunos delitos están prescritos según la legislación del país.
El Juzgado Federal número 2 de la provincia de San Juan, con el magistrado Leopoldo Rago Gallo al frente, aprobó enviarlo a su país de origen por el llamado caso Saqueo 2, en el que está acusado de un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
La causa, que está en manos de la Audiencia Nacional, investiga la gestión que los ediles del Ayuntamiento de Marbella realizaron entre 1991 y 1999.
La representación legal del exedil ha recurrido y están a la espera de una nueva resolución al entender que, al igual que los otros procedimientos, el caso está prescrito.
Las fuentes han explicado que la familia está muy satisfecha y contenta y que sus padres ya se han desplazado hasta Argentina para estar con él en los días de Navidad.
Han indicado que, aunque fuese extraditado a España, mantendrán que el delito de malversación de caudales públicos que se le imputa al exedil en el caso Saqueo está prescrito.
Carlos Fernández, escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de
Santiago pero que regresaba de inmediato si era requerido por la justicia, aunque esa fue su última llamada y desde ese día su teléfono móvil no volvió a estar conectado.
Fernández fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal (GIL) con Jesús Gil de alcalde, más tarde se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.
A partir de ahí, formó parte del gobierno que presidió Yagüe como teniente de alcalde y concejal de Turismo, hasta que fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil de su partido tras la denuncia de varios trabajadores sobre la gestión económica de las áreas de las que se encargaban.
Dimitió de forma irrevocable de la secretaría local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.
