La reforma de la RGI persigue evitar el fraude

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, compareció ayer en el Parlamento Vasco para avanzar las líneas maestras de la reforma de Lanbide y de las ayudas sociales que gestiona el servicio y explicó que con los cambios previstos las personas que están en paro podrán mejorar su formación para regresar “cuanto antes” al mercado laboral y las empresas contarán con un canal “idóneo” para cubrir sus necesidades de personal. La consejera señaló que “desde el principio de la legislatura estamos volcados en la búsqueda de medidas que hagan más práctico, ágil y eficaz el servicio de Lanbide”. Entre estas medidas están las diez anunciadas en marzo -incluyen la identificación por huella dactilar y mayor intercambio de datos con otras administraciones- y las que figuran en el proyecto que se presentará en mayo en el Parlamento.

Medidas preventivas

Beatriz Artolazabal reiteró ayer que “aunque el porcentaje es pequeño, debemos ser conscientes de la existencia de comportamientos fraudulentos entre los perceptores de la RGI. Si realmente queremos defender el sistema de protección que hemos construido con el esfuerzo y la solidaridad de toda la sociedad vasca no podemos permitir estos comportamientos”. Para evitar al máximo estos casos de fraude en las ayudas Lanbide mejorará los procesos de inspección y creará una unidad cuyo objetivo será conocer los sistemas utilizados para defraudar en el cobro de ayudas y proponer las medidas de prevención y erradicación más adecuadas. “El objetivo es identificar los comportamientos fraudulentos, presentes o posibles, así como el desarrollo de medidas para contrarrestarlo. Para ello, vamos a crear un grupo anti fraude que agrupe personas de distintos servicios, RGI y PCV, Control Interno, Informática, Asesoría Jurídica y Oficinas de Empleo, para generar instrucciones aplicables en toda la organización”, señaló la consejera.

Actualización de datos

Los pagos indebidos en la RGI y la ayuda para vivienda (PCV) se han convertido en un problema tanto para los perceptores de ayudas a los que Lanbide reclama cantidades difíciles de pagar para quien vive con unos ingresos mínimos, como para el servicio, que emplea muchos recursos en las reclamaciones y gestión de las correspondientes devoluciones. Artolazabal indicó que para corregir esa situación y evitar nuevos pagos indebidos se va a realizar un “cruce masivo y en tiempo real” de datos con la Tesorería de la Seguridad Social. De esta forma cuando un perceptor empiece a trabajar o a cobrar otra prestación la información a Lanbide llegará a tiempo para evitar desembolsos que no corresponden. Artolazabal señaló que “ya se ha iniciado el contacto con las Direcciones Territoriales de la Seguridad Social estatal” para establecer el sistema de intercambio de datos.

Comprobaciones

Según explicó ayer la consejera, hay casos de convivencia de personas que se ocultan o “no se trasladan” a Lanbide porque no es lo mismo cobrar dos ayudas por separado que una para una unidad convivencial de dos o más personas. Estos casos, cuya finalidad es “obtener unos mayores ingresos”, y la exigencia de residencia efectiva en el País Vasco para percibir una RGI están “generando problemas de verificación”. Para resolverlos se ha establecido un protocolo de actuación con las policías locales y con Eudel y se prevé una mayor coordinación con las Haciendas forales y el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Otra de las medidas para verificar la identidad de los perceptores es la utilización de la huella dactilar.

El empleo adecuado

Respecto a las personas perceptoras de la RGI que rechazan trabajos que les oferta Lanbide o que “declinan participar en formación recomendada desde los servicios de orientación”, “alegando situaciones diversas de tipo personal o familiar”, la reforma se centrará “definir lo que es el empleo adecuado para cada persona perceptora”, o cuál es la formación que más le conviene. “Prevemos contar con la colaboración de empresas y centros de formación para cumplimentar la información que permita dar forma a esa definición. Con todo ello, se creará un informe que mejore estos aspectos”, anunció ayer la consejera.

Tramitar expedientes

Beatriz Artolazabal reconoció que “ hay un volumen de recursos para su tramitación que se alarga más de lo que nos gustaría. Por tanto, consideramos importante definir la documentación suficiente y necesaria en cada expediente para lo que vamos a realizar un complemento en el procedimiento general de la RGI, creando uno específico de recursos”. Esto, explicó la responsable de Empleo y Políticas Sociales, permitirá “dar respuesta más rápida y adecuada a los recursos existentes que generan atasco en el sistema y definir la manera de abordar la solución de los recursos, dentro del procedimiento”.

Control y verificación

El aumento en el número de personas usuarias de Lanbide y la complejidad de la documentación que se debe revisar para la concesión de ayudas hace que los procesos se alarguen. “Nos hemos marcado como objetivo revisar el procedimiento diferenciando las etapas de atención y resolución del expediente y sus elementos de control y verificación”, indicó Artolazabal y anunció que la definición del nuevo modelo de “gestión de calidad” se aplicará en toda la organización este año.

Presupuesto. La dotación presupuestaria prevista para este año para abonar la RGI y la ayuda para vivienda asciende a 491,3 millones de euros, que son 30,3 millones más que el año pasado. También se destinan 23 millones a las Ayudas de Emergencia Social.

Fraude. Según los datos aportados por el Gobierno Vasco, en 2016 se detectaron 392 casos de fraude o estafa (acciones con voluntad de engañar) en el cobro de la RGI. Estos casos suponen el 0,3% de las 135.409 revisiones realizadas el año pasado, cuando 5.500 personas dejaron de percibir la RGI por no cumplir los requisitos.

Indebidos. El año pasado Lanbide abono de forma indebida 31 millones a perceptores de la RGI que habían reducido la unidad convivencial, encontraron un trabajo, mejoraron su situación o recibieron otra ayuda, entre otros muchos casos. Desde que Lanbide gestiona la RGI los pagos indebidos ascienden a 155 millones.

Revisiones. En 2016 se realizaron más de 135.400 revisiones de expedientes y situaciones personales de perceptores. Cada mes el servicio somete a examen unos 11.300 expedientes y encuentra anomalías en el 20%.