Vitoria - El desalojo de los inquilinos de las viviendas de alquiler protegido que gestiona Alokabide siempre es “el último recurso” después de un largo proceso de negociaciones para intentar resolver el problema entre inquilinos y propietarios o gestores. El año pasado -entre enero y noviembre- hubo 45 casos en los que fue imposible reconducir el problema y que terminaron con el desahucio de las personas residentes en viviendas de Alokabide.

El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, ha desglosado en una respuesta parlamentaria a Maider Otamendi, de EH Bildu, los desalojos que el Gobierno Vasco llevó a cabo entre enero y noviembre de 2016 en viviendas propiedad del ejecutivo, tanto las que gestiona directamente como las que dependen de Alokabide, y en pisos de propietarios privados captados a través del programa Bizigune. En total Lakua desahució a los inquilinos de 45 viviendas de alquiler: 32 del parque de viviendas del ejecutivo autonómico y 13 de particulares.

Según la información facilitada por Arriola, con datos a 30 de noviembre de 2016, el Gobierno Vasco gestiona 11.994 viviendas en alquiler. El consejero destaca que los procedimientos de desalojo son un “recurso último” que únicamente se lleva a cabo cuando todo el proceso de acompañamiento social y de búsqueda de alternativas y recursos se agota. El objetivo principal del Gobierno Vasco -explica- es que no se produzcan lanzamientos de viviendas por motivos exclusivamente económicos y siempre se buscan soluciones personalizadas ante los problemas económicos de los afectados.

Por ejemplo, cuando se produce un número de impagos reiterados de las rentas se buscan soluciones adaptadas y la mayoría de ellas “son exitosas”, aclara Arriola. Pero en ocasiones los acuerdos a los que se llega se incumplen “sin causa justificada”, los recursos que tienen los inquilinos para el pago del alquiler se destinan a otros usos, algunos inquilinos no cumplen los requisitos para el acceso a una vivienda pública en alquiler y en otros casos se detectan problemas de convivencia. Todo ello provoca los desalojos, aunque el porcentaje de abuso en esta materia “es pequeño”, asegura Arriola.

De hecho, los impagos reiterados de la renta han sido el motivo de 41 de los 45 casos de desalojo. El consejero ha anunciado que esta legislatura se reforzará la labor de coordinación con los servicios sociales municipales y las instancias judiciales para asegurar que ninguna persona “de buena fe” sea desalojada de la vivienda pública de alquiler por motivos económicos y sin disponer de una alternativa.

En su respuesta Arriola especifica que de enero a noviembre de 2016 se presentaron 39 demandas de desahucio en viviendas de propiedad directa del Gobierno Vasco y 47 en otras que también dependen del ejecutivo pero que se gestionan a través de Alokabide. Esas 86 demandas derivaron, en 45 desahucios, de los que 21 fueron de las viviendas de Alokabide, 11 del parque del Gobierno Vasco y 13 de pisos del programa Bizigune.

Alokabide se creó para desarrollar la función social de la vivienda a través del alquiler. Para lograrlo moviliza viviendas en alquiler protegido y destinadas a las personas que acrediten su necesidad. Para acceder a uno de estos alquileres es necesario estar registrado como demandante de vivienda en Etxebide.

Por otro lado, el director de Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno Vasco, Mario Yoldi, anunció ayer en declaraciones a la Cadena Ser que este año se revisará a la baja la orden de precios de la vivienda pública con el objetivo de dar cumplimiento al derecho subjetivo a la vivienda reconocido en la ley vasca aprobada en 2015 y adecuar esos valores a la bajada registrada en el mercado libre.

Para llevar a cabo la aplicación de esa ley será necesario aprobar unos 40 reglamentos sobre viviendas de protección pública.

Desahucios. Entre enero y noviembre de 2016 hubo 45 desalojos: 21 de viviendas de Alokabide (18 en Gasteiz, y 1 en Donostia, Mutriku y Beasain); 11 de viviendas del Gobierno Vasco (4 en Bilbao, y 1 en Gasteiz, Donostia, Barakaldo, Eibar, Elorrio, Irun y Muskiz); y 13 de pisos del programa Bizigune (2 en Bilbao y Beasain, y 1 en Gasteiz, Amorebieta, Arrasate-Mondragón, Bergara, Bermeo, Durango, Eibar, Elorrio y Orduña).

Viviendas. El Gobierno Vasco gestiona 11.994 viviendas en alquiler: más de 3.200 son viviendas sociales propiedad de Alokabide destinadas al alquiler; más de 2.800 son propiedad del Gobierno Vasco gestionadas por Alokabide; más de 5.000 son viviendas privadas incluidas en el Programa Bizigune.