Vitoria - Los recursos y los servicios para ofrecer una atención inmediata al millar de refugiados que se calcula lleguen a la geografía vasca en próximas fechas -a finales de octubre podría recalar un primer contingente humano de unas doscientas personas- están garantizados. La previsión del Gobierno Vasco es que esa venida se haga de forma ordenada; una circunstancia que permitiría a las instituciones vascas atender y encargarse con eficacia de las necesidades que pueda tener ese colectivo: número de integrantes de la unidad familiar, edades, empleabilidad, formación,... Aunque de momento, no hay nada concreto al respecto.
Tal y como confirmó ayer el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, el propósito es responder a este desafío humanitario con los medios existentes y hacerlo con universalidad, y sobre la base del principio de la igualdad y la no discriminación. Es decir, no se contempla modificar los criterios para acceder al paquete de prestaciones sociales ni tampoco “tocar” el depósito de pisos de Bizigune (programa de vivienda vacía que capta residencias privadas desocupadas para su puesta en alquiler protegido).
Dos hechos que en los últimos días habían suscitado dudas en personas inscritas en ambos servicios y que ayer, el consejero Toña se ocupó de despejar. La idea con la que trabaja la Comisión Interinstitucional que coordina el protocolo de actuación es que el parque público actual sea suficiente para atender a los refugiados que le sean asignados a la Comunidad Autónoma Vasca. Se trata de viviendas pertenecientes al Ejecutivo vasco, a las diputaciones forales, a los ayuntamientos e incluso de ciudadanos anónimos que estimen conveniente ponerlas a disposición del comité que planifica esta acogida.
Y es que, tal y como ilustró el consejero, las ONG implicadas en este proceso creen que el acceso a una vivienda digna (habrá inspecciones para garantizar su habitabilidad) es primordial para que esas personas puedan empezar a desarrollar un nuevo recorrido vital en las mejores condiciones. “Solo excepcionalmente”, advirtió Toña, se recurrirá a este servicio.
El titular de Empleo y Políticas Sociales también aclaró durante su comparecencia a petición propia en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco que los refugiados no percibirán la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) porque no cumplen los requisitos. Eso sí, puntualizó, tendrán las ayudas que requieran para mantener una vida digna. En su lugar, dijo, se estudiarán otras fórmulas para poder atender esas necesidades que muchos de ellos tendrán cuando se instalen en suelo vasco. “A situaciones excepcionales, recursos excepcionales”, describió Toña.
En este sentido, el consejero apeló a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios para que, en el caso de tener que habilitar una partida económica extraordinaria para abordar esta situación, den su apoyo a las propuestas del Gobierno Vasco. Como preámbulo, los portavoces políticos de esas formaciones, aplaudieron la labor desplegada hasta la fecha por el Ejecutivo vasco.
Otro de los aspectos del proceso de acogida que despejó Toña -ante el ofrecimiento de numerosas localidades- es el acuerdo alcanzado entre las instituciones vascas para que los refugiados sean redistribuidos en aquellos municipios que tengan centro de salud y educativo con la intención de garantizar la atención sanitarias y la escolarización y, de paso, facilitar la integración social.
Urkullu en agosto Fue ayer precisamente cuando el consejero Toña desveló que durante el mes de agosto -antes de que todas las alarmas saltaran a nivel internacional- el lehendakari Iñigo Urkullu animó a sus consejeros a analizar la cuestión, agrupar voluntades y diseñar “una estrategia integral y compartida” con las organizaciones sociales para intervenir ante este desafío. “Es una obligación ética, moral y democrática”, sentenciaba el consejero de Empleo y Políticas Sociales.
Así, agregó Toña, “desde la obligación de atender y el derecho a ser atendido que se dan en esta causa”, el Gobierno Vasco “no hará distinciones ante situaciones de vulnerabilidad”. “No va a haber ciudadanos de primera y de segunda”, apostilló para reforzar una idea similar lanzada con anterioridad: “No habrá diferencias entre unos refugiados que ya están en Euskadi y los que vayan a venir próximamente”. Porque, tal y como dejó entrever, esa primera cifra de mil personas podría ser otra -mayor incluso- cuando los países de la UE acuerden los cupos definitivos y, sobre todo, cuando el Gobierno español (el único con competencia en este asunto) decida qué criterios empleará para asignar a cada territorio un número concreto de refugiados.
Población (40%), PIB (40%), tasa de paro (10%) y esfuerzo en acoger población refugiada o inmigrante hasta la fecha (10%) son las reglas de Europa, pero nadie sabe si España las adoptará o establecerá otras distintas. De hecho, tal y como apuntaban algunas fuentes, España no tiene pensado fijar un cupo que asignar a cada comunidad, sino que en base a la llegada gradual de refugiados, los equipos de valoración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las ONG responsables del proceso de acogida [en el caso de la CAE: Cruz Roja y CEAR] establecerán cuales son los recursos más adecuados y disponibles en el Estado y, en base a ello, el reparto.
En cualquier caso, subrayó Toña, la labor que ahora centra toda la atención del Comité Operativo es concretar un protocolo de acogida en el que se establezcan los procedimientos y se definan “las competencias de cada agente responsable”. Cuando este procedimiento haya sido acordado por todas las partes, insistió el consejero, “será único” para todas las personas refugiadas que lleguen a Euskadi. “Asumiremos las cuotas que nos correspondan [calculan que sea un 7% del cupo español y que sean personas que ahora se encuentran en Italia y Grecia]. Nosotros pondremos los recursos”, concluía el consejero.
