madrid - El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) a estudiar la modificación de la redacción actual del artículo 520.1 del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impide la toma de imágenes de detenidos, incluidos aquellos de relevancia pública.
Según informó el Ministerio de Justicia, “atendiendo a las demandas de editores y periodistas, Catalá ha convenido en buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado”.
El ministro se reafirmó en la necesidad de incorporar la protección de estos derechos en el nuevo estatuto del investigado y reiteró que son las autoridades competentes (órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias) los destinatarios de esta norma y no los medios de comunicación, “que deberán regirse por los criterios arbitrados en sus códigos de ética profesional”.
documento de rechazo Las principales organizaciones de editores de prensa y de periodistas firmaron la semana pasada un documento de rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El escrito supone la primera ocasión en que editores y periodistas plantean sus reivindicaciones de forma conjunta, y solicitaban en él a los grupos parlamentarios que rechacen en el Senado el añadido al artículo 520.1, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 2 de junio y relativo a las detenciones, y con el que, a su juicio, se “pone en peligro el derecho constitucional a la información”. El precepto dice ahora que “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.
En la reunión, además de precisar que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, se puso sobre la mesa que las palabras “adoptar las medidas necesarias” han creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.
Los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos valoraron la voluntad de diálogo del ministro y su disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información aunque los destinatarios de la norma sean órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias. - DNA
El párrafo de la polémica. “Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”. Este es el párrafo que periodistas y editores han criticado ya que aseguran que las palabras “adoptar las medidas necesarias” han creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios.
