bruselas. Aunque parezca mentira Francia es un territorio rico lingüísticamente hablando. Se calcula que en el país hay más de setenta lenguas regionales o minoritarias, el grueso de ellas en los territorios de ultramar. Desde el alsaciano, el bretón, el catalán o el euskera hasta lenguas aportadas por inmigrantes como el bereber. Lenguas olvidadas durante décadas, sin derechos reconocidos, pero a las que esta semana se les ha abierto una ventana de esperanza con la aprobación en la asamblea francesa de una propuesta que pretende reformar la Constitución para permitir la ratificación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias.
Se trata de un texto promovido por el Consejo de Europa en 1992 para proteger la diversidad lingüística e impulsar las lenguas menos habladas en la enseñanza, los medios de comunicación o la administración. Fue firmada por Francia en 1999, bajo el gobierno socialista de Lionel Jospin, pero jamás ratificada - de los 47 países de este organismo han concluido el proceso 25-. Y es que, desde entonces y pese a los reiterados intentos, ha chocado una y otra vez con las estructuras del viejo estado jacobino, con el Tribunal Constitucional y con el Consejo de Estado que ven al francés, según consagra el artículo 2 de la constitución, como la lengua de la república y a la carta europea como un atentado contra los principios de soberanía de la república.
Ante este callejón sin salida, la propuesta de ley presentada a la asamblea francesa esta semana, y aprobada con el voto a favor de 361 diputados y 149 en contra -izquierda y centro a favor y derecha en contra, con algunas excepciones- pretende precisamente eso, modificar la constitución para incluir un apartado que autorice a Francia a ratificar la carta, dejando claro que no va contra el francés y que no dota de derechos colectivos a los hablantes de lenguas como el euskera.
Una redacción cuidada hasta el último detalle y, por supuesto, blindada para sortear vetos como los del pasado. De hecho, según insistía esta semana la ministra de cultura francesa, Aurélie Filippetti, no supondrá ningún cambio en la vida pública porque el idioma de contacto con la administración seguirá siendo única y exclusivamente el francés en todo el territorio galo. Es decir, servirá para proteger el patrimonio lingüístico pero en la práctica sin dotarle de derechos particulares a los hablantes de lenguas como el euskera.
Hasta ahora la propuesta contaba con partidarios y detractores. Están quienes defienden que reconocer los derechos jurídicos es un ataque frontal al modelo de Estado y que significará la "balcanización de la república", como el conservador Henri Guiano. Y quien, por el contrario, piensa que si bien no dará un nuevo estatus sí permitirá proteger y promover la diversidad lingüística. "No se puede defender la francofonía en nombre de la diversidad lingüística y oponerse a esta diversidad en Francia", advertía Filippetti en una entrevista al diario galo l'Express. "Forma parte de los miedos ancestrales de gentes incapaces de concebir la diversidad", alerta el bretón Paul Molac, satisfecho, sin embargo, con el paso histórico que supone la aprobación de la propuesta de ley en la asamblea.
Otros todavía piensan que el texto no es lo suficientemente ambicioso. Entre ellos algunos como Paul Giacobbi, diputado y presidente del consejo ejecutivo de Córcega, que critica a quienes ven en este debate la ruptura de la república. "Las lenguas en Francia no amenazan a nadie y menos a la república", decía hace unos días. La propuesta, en todo caso, una de las promesas de campaña del presidente galo François Hollande relanzadas en diciembre pasado tras la firma de un pacto por el futuro de Bretaña, está desde esta semana un poco más cerca de hacerse realidad. Si tres quintas partes del Senado optan por apoyar el texto bastará con someterlo a votación en un Congreso en Versalles en el que estén presenten las dos cámaras lo que significa que no hará falta acudir a un siempre incierto referéndum.
