Vitoria. Sin terminar el año, la cifra es ya superior a la registrada en todo 2012. Entre los procedimientos de oficio abiertos y los trámites de comunicación a los usuarios, hasta 14.052 certificados de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) han sido retirados hasta octubre, frente a los 12.733 de todo el ejercicio pasado. Según los datos aportados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, el incumplimiento de las obligaciones y la superación de los ingresos o el patrimonio requeridos en los criterios de adjudicación de esta cobertura social han sido los motivos principales.

También hasta esa misma fecha han sido interpuestos 5.392 recursos, tanto por resoluciones de retirada de las ayudas como por denegación de la concesión de nuevas solicitudes aunque, según puntualizaban desde el Ejecutivo vasco, "hasta la fecha, el 79% de los recursos se resuelven desestimando la pretensión del recurrente y el resto, un 21% se estima total o parcialmente".

En cualquier caso, gracias a los cruces de datos de bases informáticas, la información derivada del acompañamiento y seguimiento de la inserción laboral del beneficiario, la revisión de expedientes, "los indicios de irregularidad comunicados por ciudadanos o por otras instituciones que dan causa a un procedimiento de revisión" o el simple análisis de la documentación aportada por la Administración, ha sido posible detectar e interceptar ese tipo comportamientos fraudulentos.

Y es que, según consta en la documentación presentada por el Departamento encabezado por Juan María Aburto, hasta octubre de este año, la inexistencia de respuesta ante requerimientos oficiales, la falta de disponibilidad hacia el empleo, a inscribirse en Lanbide o el rechazo de ofertas de trabajo han motivado hasta 6.839 resoluciones.

Ingresos y patrimonio No obstante, el capítulo que agrupa un mayor número de dictámenes de no renovación y, por tanto, de expulsión del sistema vasco de prestaciones sociales es el relativo a la superación de bienes y/ patrimonio. En concreto, han sido descubiertos un total 3.869 expedientes con estas características, lo que ha supuesto la pérdida inmediata de la percepción. Una ayuda que, en función de la tipología del solicitante puede ir desde los 650 euros a casi los mil si se trata, por ejemplo, de una unidad convivencial formada por matrimonio con un par de hijos.

Y es que, entre los requisitos exigidos por la Administración vasca para poder acceder a este tipo de ayuda se encuentra el de "tener unos ingresos mensuales inferiores a la cuantía mensual de la RGI que le pueda corresponder según el número de miembros de su unidad de convivencia". También se especifica que la persona beneficiaria no puede disponer de ninguna propiedad excepto la vivienda habitual (casa, garaje y trastero) o el inmueble en el que se realiza su actividad laboral (con excepciones). "No disponer de dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades por un valor superior al establecido para cobrar la ayuda RGI" es otra de las cláusulas a cumplir por los demandantes de esta cobertura social que, según las últimas estadísticas, tenía más de 60.000 beneficiarios.

Además, fuentes del Gobierno Vasco recordaban que la pérdida de la Garantía de Ingresos supone que el adjudicatario deje de percibir la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), en el caso de que la hubiera solicitado y le hubiera sido concedida. Así, durante los diez primeros meses del año se han dejado sin efecto un total de 7.115 prestaciones por esa misma razón, un millar más que las anuladas en todo 2012. Asimismo, otras 1.361 ayudas de esta categoría han sido retiradas a lo largo de este ejercicio por causas relacionadas específicamente con la PCV: acceso a una vivienda de protección oficial, la no justificación de gastos o la no inscripción de la persona demandante en el registro del Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide.