MARBELLA. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha modificado de "muy grave" a "grave" la infracción cometida por el propietario del restaurante Asador de Guadalmina de Marbella, que se negó en 2011 a retirar unos carteles que incitaban al consumo de tabaco, con lo que se reduce la multa.

Según una sentencia emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera del TSJA de Sevilla el 6 de noviembre, a la que ha tenido acceso Efe, se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo que interpuso el dueño del establecimiento, José Eugenio Arias, contra la resolución de la Consejería de Salud de la Junta.

En dicho dictamen se le declaraba "responsable de incumplimiento" de un artículo de la Ley General de Sanidad, 14/1986, de 25 de abril, por tener carteles que incitaban al consumo de tabaco, y acordaba imponerle una sanción de 90.001 euros.

Ahora, el fallo del tribunal pone de manifiesto que la multa de 90.001 euros ha sido "anulada", así como que ha quedado sin efecto la proclamación de responsabilidad por la comisión de una infracción "muy grave", que ha pasado a calificarse como "grave", con la imposición de una sanción de 6.000 euros y sin costas.

El motivo que alega el juez para cambiar la tipificación de "muy grave" a "grave" es la inexistencia de un "incumplimiento reiterado" de los requerimientos de la autoridad sanitaria, en este caso a retirar los carteles que incitaban al consumo de tabaco en el asador y a cumplir con la ley, ya que solo se dio un requerimiento en una ocasión.

Así, el tribunal expone una serie de hechos que tuvieron lugar en 2011, en los que la Consejería basó la causa de la infracción, y que considera "insuficiente", por lo que ha concluido "inadecuada tipificación" de la conducta que se imputa al empresario.

El dueño del asador ha reiterado que la resolución ha sido un "éxito", demuestra que la ley es "ilegal", que ha fracasado y que la Justicia "lo está reconociendo", pero ha asegurado que recurrirá al Tribunal Supremo y que no piensa pagar los 6.000 euros.

Ha insistido en la idea de que el tabaco es un "producto legal", por lo que es "inconstitucional" prohibir su consumo dentro de un local privado.