Fiscalía y defensas piden a Peinado que archive el 'caso Begoña Gómez' y Manos Limpias se opone al jurado popular

La Fiscalía y las defensas de los tres investigados en la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han vuelto a pedir al juez Juan Carlos Peinado que archive el caso. Al mismo tiempo, la organización Manos Limpias ha rechazado la pretensión del instructor de orientar la causa hacia un jurado popular.

Según fuentes jurídicas, los abogados de Gómez; de su asistenta en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés han insistido a Peinado para que dé carpetazo a la causa durante la sesión que se ha celebrado este miércoles y en la que el juez ha trasladado a las partes su decisión de volver a dirigir el caso a un jurado popular si finalmente llega a juicio.

Por su parte, Manos Limpias, cuya denuncia fue la que motivó que Peinado abriera en abril de 2024 la investigación, se ha desmarcado del resto de acusaciones populares por "divergencia de postulados" y ha pedido al juez que les permita actuar al margen, no bajo la tutela de Hazte Oír, que ejerce la dirección letrada.

Así lo ha hecho según un escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, en el que asegura que no encuentra "motivos siquiera indiciarios" del delito de intrusismo profesional, señala que el de apropiación indebida de marcas "no se encuentra tipificado como tal" y rechaza el de corrupción en los negocios: "En tanto nos encontramos en el marco de relaciones y organismos de derecho público, y dicho precepto tipifica hechos relativos a los negocios entre particulares".

Pero sí que comparte "plenamente" que hay "indicios" en la causa de malversación y tráfico de influencias, si bien subraya que para la comisión de esos presuntos delitos creemos "resulta imprescindible el concurso del delito de prevaricación --no investigado--, cuyo enjuiciamiento no puede ser atribuido al tribunal del jurado".

Además, Manos Limpias se ha mostrado a favor de que Peinado archive de manera provisional la causa para la asesora de Gómez, "en la medida en que no resulta de la instrucción la existencia de elementos que conduzcan a su incriminación indiciaria" en malversación.

La organización apunta que, según la Audiencia Provincial de Madrid, el delito de malversación "solo podría plantearse frente a quien cobrando un salario público no prestase ninguna de las funciones para las ha sido nombrado".

"No pudiendo deducirse de su participación en las cuestiones relativas a la cátedra que Álvarez participase de modo más o menos directo en el plan concebido por Gómez, resultando más razonable asumir que obedeciendo órdenes de quien entiende su superior jerárquico --a efectos materiales, que no formales-- se viera inmiscuida en las actividades privadas de Gómez, al margen de sus actividades públicas", sostiene.

A su entender, "cuestión distinta es el comportamiento de Gómez, que hizo uso del medio público puesto a su disposición para sus negocios particulares, así como de la autoridad que la nombró y lo toleró".   

PIDEN LA VIDA LABORAL DE GÓMEZ

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que otras acusaciones han solicitado al juez que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario completo de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente.

A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, el abogado que representa a Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez "está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella", y ha señalado que desde la asociación vienen "con los deberes hechos, con todo bien atado".

Por su parte, Vox ha denunciado "los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", después de la sesión, que ha durado casi tres horas.

Además, ha recordado algunas de las acusaciones a Begoña Gómez, como las supuestas "intervenciones de empresas patrocinadas con una financiación de un software valorado en más de 300.000 euros", así como los presuntos "correos y la constatación de la intervención de Cristina Álvarez, pagada por Presidencia del Gobierno, como asistencia de asuntos personales".

También ha enfatizado el supuesto "incremento de Juan Carlos Barrabés y de su grupo empresarial en más de un 400% en los contratos públicos recibidos en Red.es y otras administraciones".

Para la coordinadora jurídica y letrada de la formación, Marta Castro, "los indicios son más que sólidos" y considera que "hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase", una decisión que tendrá que tomar el juez en los próximos días, según han señalado.

Vox ha recriminado "la obstinación total también de la Fiscalía en seguir manteniendo un archivo porque no existe ningún indicio, como sí más de 10.000 folios y 25 tomos, así como más de 40 personas que han declarado no fuesen suficientes". 

PEINADO CONSIDERA QUE GÓMEZ APROVECHÓ "SU PROXIMIDAD" A SÁNCHEZ

El magistrado, que investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación, emitió un auto el pasado 20 de marzo en el que manifestó que "se ha podido comprobar hasta el presente momento de la investigación la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid frenó en febrero la decisión de Peinado de abocar la investigación a un juicio con jurado popular, al estimar recursos de las defensas contra esa decisión. Los magistrados de la Audiencia Provincial argumentaron que no había "indicios racionales de criminalidad" que justificaran esa decisión.

En su nuevo auto, Peinado argumentaba que Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno" para "impulsar su proyección profesional" en la Universidad Complutense de Madrid, "obteniendo para ello una interlocución singular con responsables" del centro, "empresas patrocinadoras" y "entidades del sector tecnológico".

Así, señalaba que su condición de pareja de Sánchez "influye en la conducta de cualquier ciudadano" por el "poder que su esposo tiene para determinar la toma de decisiones".

Al mismo tiempo, incidía en que Gómez "recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial" para "la creación, desarrollo y expansión" de una cátedra universitaria de la que, según el magistrado, se habría apropiado indebidamente.

"Se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esta situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, Cristina Álvarez, a la que utiliza no sólo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas", agregó.