Facua Consumidores en Acción ha denunciado a Falange ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por "disfrazar como donativos" la venta de productos a través de su página web y no informar sobre el derecho de desistimiento.

Esta asociación ha comprobado que estos supuestos donativos están asociados a la entrega de productos como banderas, pegatinas, libros, llaveros o camisas, artículos que tienen unos precios previamente fijados y sin carácter voluntario, lo que supone en la práctica una transacción comercial encubierta.

Según ha indicado Facua en un comunicado, todos estos productos están incluidos en el apartado Tienda de su página web, lo que evidencia que el usuario accede a un espacio donde se venden productos.

Eludir la normativa

La asociación sostiene que esta forma de actuar podría constituir una simulación contractual destinada a eludir la aplicación de la normativa fiscal, de consumo y de comercio electrónico que resultaría exigible en caso de una compraventa ordinaria, así como a evitar las obligaciones de información y protección de los consumidores y usuarios.

Para Facua, esta venta de productos "camuflada" como si fuesen donativos supone la vulneración del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Ahí queda establecido que en cualquier oferta comercial de bienes y servicios se debe informar sobre el precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que se repercutan al consumidor o usuario.

Facua considera por tanto que Falange está incurriendo en una práctica comercial "desleal y engañosa". La asociación entiende que esta organización política lleva a cabo actividad de compraventa "encubierta", articulada mediante una simulación contractual destinada a eludir de forma "consciente y sistemática" la aplicación de la normativa de consumo y fiscalidad, lo que priva a los consumidores de los derechos y garantías que legalmente les corresponden.