El Gobierno vasco aleja el ‘caso Cerdán’: no dio contratos ni ayudas a Antxon Alonso

Las empresas del dueño de la constructora Servinabar, Antxon Alonso, ni siquiera están dadas de alta en la plataforma de contratación del Gobierno vasco. El examen que ha realizado el Ejecutivo de Pradales sobre las adjudicaciones públicas de los últimos diez años, desde el 1 de enero de 2015 y a lo largo y ancho de 606.684 contratos, ha arrojado que no ha existido “relación contractual ni subvencional alguna con ninguna de las empresas” del investigado en el caso Cerdán, tampoco consta que se hayan presentado a los concursos de licitación y, “de hecho, ninguna de ellas se halla dada de alta en el registro de terceros” que es necesario para recibir cualquier pago del Gobierno vasco, según dice el informe al que ha tenido acceso Grupo Noticias. Este empresario vasco, que ha operado sobre todo en Nafarroa, está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un supuesto amaño de contratos públicos junto al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y el Gobierno de Pradales dio el paso de realizar un barrido exhaustivo de sus contrataciones desde el 1 de enero de 2015 como ejercicio de transparencia, para resolver cualquier duda y responder a las preguntas parlamentarias de la oposición, aunque no existiera ningún indicio o informe de la Guardia Civil que señale al Gobierno vasco.

El Gobierno PNV-PSE no se ha encontrado ninguna sorpresa comprometedora, lo que le facilita su intención de pasar página y aislarse de la polémica por los casos Koldo y Cerdán. La portavoz, Maria Ubarretxena, anunció este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno que el examen ha terminado sin detectar ninguna relación con Alonso. El barrido ha sido amplio, y ha llevado al Gobierno vasco a poner bajo la lupa otras empresas y las uniones temporales o UTE en las que apareciera cualquier compañía mencionada por los medios de comunicación o los partidos. Se ha utilizado la aplicación SABI para identificar vinculaciones. Y, en ese caso, ha hecho un recuento de 739 adjudicaciones, pero concluye que el proceso fue limpio y no se ha detectado ninguna irregularidad. Además, esos contratos representan solo un 0,33% sobre el total de adjudicaciones o, traducido en euros, representan el 2,44% del total, 771,9 millones sobre un monto de 31.676,6 millones.

El informe obra en poder del Parlamento Vasco desde este martes, al igual que las respuestas a los grupos políticos. Se ha redactado bajo la coordinación del departamento de Hacienda que dirige Noël d’Anjou, consta de 28 páginas, y distingue dos planos. Por un lado, el Gobierno vasco ha estudiado si se han firmado contratos con las entidades mercantiles vinculadas a Joseba Antxon Alonso Egurrola. Por otro lado, ha analizado la relación con las empresas mencionadas en las solicitudes de información de los partidos, o cualquier empresa que forme parte de esos grupos, incluyendo todas las UTE que tengan como partícipes a algunas de ellas. El listado comprende 19 empresas relacionadas con Antxon Alonso, y 1.395 relacionadas con los grupos empresariales mencionados en distintas informaciones y solicitudes de los partidos, incluyendo las UTE. El Gobierno vasco ha buscado los nombres y los NIF de estas 1.414 empresas en la base de datos de la plataforma de contratación, para detectar si figuraban “bien fuera porque alguna se hubiera presentado a alguna licitación sin resultar adjudicataria de la misma, bien porque sí lo hubiera sido”.

Los resultados: Antxon Alonso, cero

En cuanto a las empresas de Antxon Alonso, “ninguna de ellas consta ni como licitadora ni como adjudicataria en ningún procedimiento de contratación que conste en la plataforma de contratación”. La Oficina de Control Económico ha manifestado que “ninguna de esas entidades figura inscrita en el registro de terceros de la Administración General y de los organismos autónomos, requisito imprescindible para poder ser receptora de cualquier pago por parte del Gobierno vasco, bien fuera en forma de subvenciones, pago de convenios o pago de las facturas correspondientes a los procedimientos de contratación de los que hubieran resultado adjudicatarias”. Desde la administración general de la CAV, por tanto, no ha existido “relación contractual ni subvencional alguna con ninguna de las empresas relacionadas” con Antxon Alonso, y ninguna está dada de alta en el registro de terceros.

Otras empresas, 739 contratos sin irregularidad

En cuanto a las otras empresas, en todas las administraciones, desde el nivel autonómico hasta el municipal y foral, acudieron como licitadoras 3.664 veces, y fueron adjudicatarias 2.002. Exclusivamente en el caso del Gobierno vasco, concurrieron a 1.393 procesos de licitación y consiguieron ser adjudicatarias en 739 de ellos. Sobre más de 600.000 contratos, representan el 0,33% o, teniendo en cuenta su impacto en millones adjudicados, fueron el 2,44%, es decir, 771,9 millones de euros sobre 31.676,6 millones en el conjunto de la plataforma. Además, “no se ha observado irregularidad o incidencia anómala alguna” en relación con las conductas que se investigan en el Supremo.

Por departamentos, la mayor parte de las adjudicaciones se dio en Movilidad Sostenible, con 282; seguida por Salud (102); Industria (89); y Autogobierno (65). Pero, para subsanar las limitaciones de Hacienda a la hora de conocer en toda su extensión las UTE u otros contratos de los que no tuviera noticia, los propios departamentos han informado y completado el análisis con otras adjudicaciones que les constan, 229 que no aparecían en la plataforma. Movilidad Sostenible, Salud e Industria vuelven a ocupar las primeras posiciones. El Gobierno vasco aclara también que no tiene una información completa sobre las empresas potencialmente afectadas por las investigaciones del Supremo, que aún están en curso, de modo que ha tenido como referencia la documentación que se ha hecho pública, así como la prensa.

El informe detalla departamento por departamento cuántos contratos adjudicó cada área del Gobierno vasco. No se citan las empresas en concreto o qué servicios ofrecieron, aunque ya se ha ido conociendo a través de distintas respuestas parlamentarias que una de ellas es el grupo empresarial Acciona, que ha sido un contratista habitual en otras administraciones.

El informe

Antxon Alonso

19 empresas analizadas, y ninguna relación. El listado de empresas que ha rastreado el Gobierno comprende 19 de Antxon Alonso. “Ninguna de ellas consta ni como licitadora ni como adjudicataria en ningún procedimiento de contratación que conste en la plataforma de contratación”, “ninguna de esas entidades figura inscrita en el registro de terceros de la Administración General y de los organismos autónomos, requisito imprescindible para poder ser receptora de cualquier pago, bien fuera en forma de subvenciones, pago de convenios o pago de las facturas correspondientes a los procedimientos de contratación de los que hubieran resultado adjudicatarias”, y no ha existido “relación contractual ni subvencional”.

0tras empresas

739 adjudicaciones. Se han estudiado 1.395 empresas mencionadas en distintas informaciones y solicitudes de los partidos, incluyendo las UTE. En el caso del Gobierno vasco, concurrieron a 1.393 procesos de licitación y consiguieron ser adjudicatarias en 739 de ellos. Sobre más de 600.000 contratos, representan el 0,33% o, por su impacto en euros, el 2,44%, 771,9 millones de euros sobre 31.676,6 millones. Y “no se ha observado irregularidad alguna”.

Por departamentos. Lehendakaritza (4 veces se presentaron a licitaciones-1 adjudicación), Política Lingüística (33-17), Empleo (29-13), Hacienda (1-0), Autogobierno (149-65), Industria (192-89), Seguridad (109-58), Educación (104-54), Vivienda (42-10), Salud (176-102), Bienestar (1-1), Movilidad Sostenible (410-282), Ciencia y Universidades (41-16), Turismo y Comercio (0-0), Agricultura y Pesca (45-25), Justicia (21-4), resto del sector público no adscrito (36-2).

229 contratos más. Los departamentos han completado la información de Hacienda con 229 contratos más, de Movilidad Sostenible (96), Salud (82), Industria (21), Seguridad (11), Autogobierno (5), Política Lingüística (9) y Agricultura y Pesca (5).