El Gobierno vasco negocia con Madrid para respetar el marco competencial

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco se reunirá el próximo miércoles con su homóloga en el Ejecutivo español para abordar y limar diferencias sobre el decreto de universidades, especialmente la invasión competencial. 

El Departamento liderado por Juan Ignacio Pérez Iglesias considera que tal cual está redactada la normativa española vulnera aspectos competenciales, ya que invade atribuciones que corresponden a la Comunidad Autónoma Vasca, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. También cuestiona la oportunidad del proyecto ya que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema. 

Negociaciones

En las negociaciones con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el Gobierno vasco buscará asegurar que la nueva regulación respete el marco competencial y contribuya a fortalecer un sistema universitario plural y de calidad. En los últimos días la ministra del ramo, Diana Morant, ha dejado entrever su disposición a negociar cambios en el proyecto para "cumplir con la garantía competencial de las comunidades autónomas". Ante las demandas en este sentido del Departamento de Pérez Iglesias se ha comprometido a que el texto no invada las atribuciones correspondientes a Euskadi.

El consejero Pérez Iglesias ha señalado que van a presentar "contrapropuestas" tanto sobre la invasión competencial, "que no aceptamos en ningún caso", como sobre los procedimientos para "garantizar" la calidad de las universidades. "Hay voluntad por nuestra parte y por parte del Ministerio para alcanzar acuerdos", ha afirmado.

Pérez Iglesias también se ha referido a algunas informaciones que aseguran que las alegaciones al decreto de universidades del Gobierno español fueron presentadas fuera de plazo por parte del Departamento vasco. Tras señalar que son "incorrectas" esas informaciones, ha precisado que "parten de la premisa errónea" de que debía presentar sus alegaciones dentro del plazo previsto en el trámite de audiencia e información públicas abierto por el Ministerio.

Sin embargo, ha querido dejar claro que ese trámite, según el artículo 26.6 de la Ley 50/1997 del Gobierno, "está dirigido específicamente a la ciudadanía y, concretamente, a aquellas personas cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados, así como a las organizaciones, ciudadanos o asociaciones legalmente reconocidas que los representen". 

Según ha señalado Pérez Iglesias, el foro para presentar las alegaciones por parte de las comunidades autónomas es la Conferencia General de Política Universitaria, que se desarrolló la semana pasada. "Es allí donde se presentaron las alegaciones. Lo que ocurre es que se les había enviado con anterioridad, pero en ningún caso fuera de plazo", ha aclarado el consejero.