Más allá del gran titular que supone que Alberto Núñez Feijóo no podrá gobernar pese a su victoria electoral porque no reúne los apoyos necesarios con Vox, la letra pequeña de la cita con las urnas arroja otra consecuencia en clave vasca: el desplome de Vox desde los 52 hasta los 33 escaños supondrá que la ultraderecha ya no pueda recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionar las leyes vascas ni las transferencias del Estatuto de Gernika. En la última legislatura, Vox superaba los 50 diputados que se exigen por ley para acudir al tribunal, una posibilidad que exprimió como ariete político contra el Gobierno vasco y también contra Sánchez, con unas 50 medidas del Ejecutivo español impugnadas ante los jueces, y con recursos contra las transferencias del IMV o la competencia para nombrar a secretarios e interventores municipales. El recurso contra el uso del euskera en los ayuntamientos también se impulsó desde el grupo en el Congreso, aunque antes de ir al TC recaló en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Vox no alcanza ya los 50 diputados ni los 50 senadores necesarios (en el Senado, no ha logrado representación en estas últimas elecciones). Es cierto que, en cualquier caso, la mayor parte de sus recursos los ha interpuesto acompañado por el PP, como ocurrió con el IMV y los interventores, y en este sentido, la espada de Damocles de los populares se mantiene porque sí superan sobradamente los 50 escaños. Lo que sí sucedía en la anterior legislatura es que ambos partidos se miraban de reojo para tratar de llevarse la delantera, en una especie de competición por recurrir al TC que ahora, al menos, no se va a producir en los mismos términos. Se da la circunstancia de que el Gobierno español había esgrimido la amenaza de los recursos de la derecha española como argumento para dilatar el análisis jurídico de las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika, con el argumento de que debían justificarse al milímetro.
Vox ha recurrido transferencias y también amenazó con llevar al Constitucional el nuevo estatus de autogobierno que alumbrara el Parlamento Vasco, cuando ni siquiera existe una proposición de ley aprobada por la Cámara. También presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el decreto que regula el uso del euskera y del castellano en los ayuntamientos, un recurso anunciado en el Congreso por Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros, y que finalmente derivó en una consulta al Constitucional que tumbó este precepto. El PP confirmaría después del anuncio de Vox su propio recurso. La decisión judicial llegó a principios de este mes, en puertas de las elecciones generales.
Vox también cuestionó el recorte en los tiempos de intervención, presentación de iniciativas y asesores que se le impuso en el Parlamento Vasco a su única parlamentaria, Amaia Martínez, y logró salirse con la suya en el Constitucional, que anuló la decisión.
Sin fuerza en el Parlamento Vasco
El resto de partidos han hecho la lectura de que Vox ha tratado de condicionar la política desde los tribunales por la puerta de atrás, supliendo las carencias de representación que tiene en parlamentos como el vasco, donde solo tiene un escaño.
La posibilidad de que la derecha española recurriera las transferencias fue el argumento que esgrimió la ministra Isabel Rodríguez en la reunión mantenida el año pasado en Leioa con la consejera Olatz Garamendi, aunque ahora se mantiene la posibilidad del recurso del PP o de que sucumba a la presión de Vox. La ultraderecha se queda también sin los 35 escaños necesarios para presentar una moción de censura.
