El Parlamento Vasco acogerá este jueves un debate entre el lehendakari y los partidos que servirá para comprobar si existe un margen real para alcanzar acuerdos de país, más allá de la disposición genérica que parece que se tiene desde todas las bancadas. Iñigo Urkullu acudirá al pleno de política general, la primera sesión tras el paréntesis del verano, con la mano tendida para gestionar la crisis desatada por la guerra en Ucrania y la subida de los precios, pero también para avanzar en otras cuestiones como la Ley de Educación. El lehendakari, en el ecuador de su mandato, concederá además un protagonismo importante en su discurso a las medidas anticrisis para hacer frente a esta situación y para aliviar la sensación de incertidumbre entre los vascos, según adelantan fuentes de su equipo a este periódico. Su discurso inaugurará el pleno a las 9.30 horas.

Urkullu y el Gobierno PNV-PSE son conscientes de que mantener bajo mínimos la crispación política y tejer acuerdos con la oposición es necesario para combatir el riesgo de desafección en la ciudadanía. Preservar un clima de estabilidad más allá de la mayoría absoluta que ya tienen garantizada los dos socios es una forma de desactivar el riesgo de desgaste y la sensación de incertidumbre de los vascos en un momento muy delicado, con los precios de la energía y la cesta de la compra al alza, y con todas las voces augurando un otoño complicado. El Gobierno vasco se propone ampliar los acuerdos a pesar de la proximidad de las elecciones municipales y forales del 28 de mayo, donde puede existir una tentación de marcar perfil o diferenciarse del rival político. O todo lo contrario, si se trata de presentarse como un partido de gobierno.

¿Acuerdos con EH Bildu?

En ese sentido, EH Bildu, el principal partido de la oposición, ha proclamado su intención no solo de facilitar esos acuerdos, sino también de promoverlos activamente y ser la garantía de que se produzcan. Lo han dicho su coordinador, Arnaldo Otegi, y la portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte. Detrás de esta mano tendida parece encontrarse la intención de presentarse como alternativa de gobierno viable al PNV. 

El Gobierno se propone alcanzar acuerdos de país sobre las leyes de Transición Energética, Educación y Salud, y sobre la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos, un debate liderado por la vicelehendakari segunda Idoia Mendia. La socialista volvía a reconocer este miércoles en Euskadi Irratia que existen contactos con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, parece que hay agua en la piscina, e intentará un acuerdo amplio. EH Bildu ha formado parte igualmente del acuerdo sobre las bases educativas, que tendrán que transformarse en la Ley de Educación. Está por ver si su disposición es la misma en el debate energético. 

En las últimas jornadas ha virado su discurso para aceptar la instalación de un parque eólico en Azpeitia con el argumento de que la promotora es una empresa pública noruega que ofrecerá energía barata. Pero este giro, que a día de hoy sigue negando que exista, expone a la coalición a sus propias contradicciones y ha dejado un poso de improvisación que han aprovechado el resto de partidos para erosionar su credibilidad. Además, queda la duda de si será igual de pragmática con otros debates como el gas como energía de transición, o con las actuaciones que quiera impulsar el Ente Vasco de la Energía, que también es público. 

Las declaraciones de EH Bildu en las últimas jornadas prometiendo acuerdos parecen apuntar a que podría hacer algún planteamiento novedoso, ahora que garantizar el suministro de la energía es un debate que urge en toda Europa. El PNV ha mantenido en las últimas horas un perfil menos crítico a la espera de ver si tiene recorrido o no el aparente gesto de generosidad de la coalición con el parque eólico. En paralelo, en cuestión de un mes comenzará la tramitación de los Presupuestos, que la última vez fueron pactados con Bildu.

Tensiones con Podemos en la Ley de Educación

Elkarrekin Podemos-IU, por su parte, ha amagado con abandonar el pacto educativo alcanzado con PNV, Bildu y PSE al interpretar que el borrador de la ley no sigue al pie de la letra lo acordado. El consejero Bildarratz ha matizado que ahora es el momento de escuchar a los agentes sociales, pero el discurso que pronuncie este jueves Miren Gorrotxategi puede contribuir a arrojar luz. Gorrotxategi se abría el domingo a los pactos de país, pero insinuaba que por ahora no son más que un cliché sin contenidos concretos. Pedía detalles.

El PP insiste en bajar impuestos

Desde PP+C’s, el grupo liderado por Carlos Iturgaiz y que ha permanecido más alejado del Gobierno (sin contar a Vox), se va a insistir en rebajar los impuestos. Esta propuesta la agitó hace unos meses al calor de las políticas de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y ahora la recupera siguiendo la senda de Andalucía y la supresión del Impuesto de Patrimonio. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, descartaba este mismo martes entrar en una pelea para “pescar a los ricos” y recordaba que, al contrario que otras comunidades, a Euskadi no la financia el Estado ni tiene una posición tan cómoda, y debe recurrir a sus propios ingresos.

Autogobierno

En un pleno marcado por la economía, el PSE de Eneko Andueza destacará su aportación al Gobierno de coalición, mientras se mantienen las discrepancias en materia de autogobierno o en el nivel de exigencia que hay que tener ante el presidente Sánchez por el bloqueo de las transferencias. 

El lehendakari reclamará que el Estatuto se cumpla en su integridad, en un pleno que, en cualquier caso, se verá fagocitado por la crisis y las actuaciones de un Gobierno vasco que ya aclaraba hace unos días que no descarta más medidas para los sectores más vulnerables. Las reflexiones, en cualquier caso, las ha madurado con cautela el lehendakari en las últimas semanas para evitar caer en un frenesí similar al de Sánchez en el Estado, con medidas que se anuncian y se matizan y han recibido críticas de falta de rigor. Urkullu reivindicará también lo ya hecho. Su equipo destaca que la deflactación del IRPF y el paquete fiscal de las diputaciones están valorados en 250 millones solo en la comunidad autónoma, frente a los 200 de la rebaja del IVA del gas de Sánchez en todo el Estado.