- Podemos quiere dejar huella en la agenda de Pedro Sánchez con una batería de medidas de contenido social que contrarreste el lanzamiento de una web con los logros del Ejecutivo personalizada en el presidente español. La formación morada exige “valentía” a sus compañeros de viaje y que se mimeticen con su ritmo, de ahí que demanden reactivar la Ley de Vivienda, un impuesto a las grandes fortunas y derogar de una vez la llamada ley mordaza.

Respecto a la primera normativa, con el control de los alquileres, que se aprobó en febrero si bien aún no han empezado los trabajos de la ponencia en el Congreso pese a que “hubo un acuerdo para tramitarla por la vía de urgencia”. La última de ellas tiene asimismo su tramitación pendiente y la entienden como una prioridad a tenor de lo acontecido el último mes con “hechos muy preocupantes” como el escándalo Pegasus, la “impunidad de la corrupción de la monarquía” o los nuevos audios relacionados con el excomisario José Manuel Villarejo y los presuntos casos de corrupción en el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

“Este Gobierno solamente estará a la altura de la gente si es ambicioso y es capaz de gobernar a favor de las mayorías sociales y con justicia social”, subrayó la coportavoz estatal, Alejandra Jacinto, que también trajo a colación la proposición de ley de Unidas Podemos que se debate hoy para evitar que territorios como la Comunidad de Madrid se conviertan “en paraísos fiscales para los súper ricos”. En momentos de crisis “hay que elegir de qué lado se está, si de un puñado de multimillonarios o de la mayoría social”, resaltó.

De esta manera, Podemos intenta marcar el paso al PSOE y que se retrate ante sus peticiones después de que Sánchez lleve días sacando pecho de lo que se ha avanzado en estos cuatro años desde que ganó la moción de censura y desbancó al PP, un discurso dirigido a frenar la previsible mayoría de la derecha en las próximas elecciones andaluzas. Las “familias no pueden esperar más” y es necesario reactivar la Ley de Vivienda con vistas a lograr bajar el alquiler y prohibir los desahucios. Y es que Jacinto censuró que el alquiler sigue siendo la “factura más alta” que pagan los ciudadanos y, ante ello, hay que desplegar la regulación de precios junto a otras medidas, como movilizar la vivienda vacía, incorporar la que está actualmente en manos de la Sareb y prohibir que los pisos de titularidad pública se vendan a fondos buitre.

Por otro lado, ahondó en completar “cuanto antes” la reforma de la ley mordaza que creó el PP para “acallar la protesta social ante su nefasta gestión” para avanzar en la agenda de profundización democrática; así como en el citado nuevo tributo que se ceñiría a menos de 10.000 personas con patrimonios superiores a 10 millones de euros y no sería bonificable, para evitar así que gobiernos autonómicos trataran de vaciar su contenido. En este punto, Podemos reivindica que es una propuesta de “justicia fiscal y social” para acabar con los “regalos fiscales a los ultra ricos”, como en su opinión hace Madrid al perdonar tributos por valor de 1.000 millones a “un puñado de millonarios” mientas recorta en Metro y cierra urgencia en la Atención Primaria.

“No es hora de titubear sino de apretar el acelerador”, advierten los morados, confiando en que la parte socialista del Ejecutivo respalde estas nuevas propuestas y las que avanzó la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para reducir el precio del abono de transporte público a 10 euros -supondrá un ahorro para los usuarios de 560 millones de euros-, aumentar un 15% las pensiones no contributivas de forma inmediata y prohibir los cortes de suministros a las familias vulnerables. Frente a la prórroga de tres meses que anunció Sánchez la semana pasada del plan contra las consecuencias de la guerra, Podemos cree que estas medidas tienen que perdurar como mínimo hasta final de año. Es además su forma de poner en valor su impronta en el Gobierno de coalición de cara a las citas con las urnas. l

Mayor castigo

?El Congreso aprobará hoy la toma en consideración de la Ley para abolir la prostitución impulsada por el PSOE y que recoge, de forma mayoritaria, la enmienda que los socialistas presentaron a la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley solo sí es sí. El PP ya adelantó que apoyará este trámite y Podemos también votará finalmente a favor pese a que su confluencia catalana mantiene una posición más proclive a las posturas regulacionistas. La propuesta que lleva el PSOE recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que “castigue de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación”. Con este cambio, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y multa de 18 a 24 meses a quien, empleando violencia, intimidación, o abusando de una situación de superioridad, o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona a ejercer o mantenerse en la prostitución. Esta proposición de ley también pena a aquellos que, con ánimo de lucro y de forma habitual, cedan bienes inmuebles o locales para favorecer el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, el texto no incluirá medidas para prohibir la pornografía, a pesar de las reclamaciones que está realizando una parte del movimiento feminista.