Izquierda Unida y el PCE han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo contra el Tribunal Supremo y la Fiscalía por considerar que han vulnerado sus derechos por "negarse a investigar las actuaciones presuntamente delictivas cometidas por Juan Carlos de Borbón".
"La justicia española -especifica en la demanda- ha dado carta blanca al ex monarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna".
Argumentan los demandantes que "la naturaleza opaca" del alto tribunal y de la Fiscalía, queda patente en que no aportaron ningún resultado, aseguran, y no practicaron ninguna diligencia desde que en diciembre de 2018 registraron una querella contra el rey emérito.
Igualmente denuncian la interpretación que hace el Tribunal Supremo de la inviolabilidad de la que goza el padre del rey y, que, "en buena medida, sirvió para rechazar durante esos más de dos años la querella y archivarla de manera sucesiva".
Tampoco lograron el amparo del Tribunal Constitucional, al que recurrieron en 2021, con lo que -subrayan- se agotaron las vías para que la justicia española investigara a Juan Carlos de Borbón.
Los demandantes consideran que ha sido vulnerado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), al que está obligada España, porque el Supremo "con un claro ánimo exculpatorio a ultranza" archivó sin practicar diligencia la querella y la posterior ampliación registradas.
Entre otras razones, detallan que no se ha respetado la tutela judicial efectiva porque las actuaciones de la Fiscalía son "ajenas" al sistema judicial, corresponden a una institución jerárquica y su desarrollo está "vetado al público" y no permite personación alguna.
Otra de las acusaciones que hacen en el escrito de la demanda es que los magistrados, en el auto de archivo, "denigran" a los querellantes y llegan a tacharles como 'profesionales de la acción popular', lo que, a su juicio, refleja "una evidente animadversión y hostilidad contra ellos".
De esta forma, se produce una apariencia de "falta de imparcialidad" similar a la que ya le valió una condena a España por parte de la justicia europea en otro caso.
La querella promovida por IU, el PCE y el Foro de Abogados de Izquierda, cuenta además, según dicen, con el respaldo de las formaciones que integran el espacio político del grupo parlamentario de Unidas Podemos.
