- El juez que investiga la querella interpuesta contra los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño por delitos relacionados con comisiones en la compraventa de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid al comienzo de la pandemia les ha citado para que declaren el próximo día 25.

Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el magistrado Adolfo Carretero les cita como querellados para el 25 de abril por los presuntos delitos que denuncia la Fiscalía Anticorrupción: estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Según la querella de la Fiscalía, Luceño y Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, se embolsaron comisiones por importe de más de seis millones de dólares por contratos de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó 11,9 millones.

Añade que estos productos se pagaron a un precio muy superior al que pedía el vendedor y tenían una calidad muy inferior a la ofertada.

Con el dinero de las comisiones los investigados adquirieron varios coches de alta gama, entre ellos un Ferrari 812 Superfast por 355.000 euros, un Lamborghini Huracan Evo Spider por 299.999 y un McLaren 720S por 250.000.

También compraron una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por 1,1 millones de euros y un yate por 325.515, siempre según la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Adolfo Carretero Sánchez ha embargado de forma preventiva algunos de dichos bienes adquiridos por Luis Medina y Alberto Luceño en la causa en la que se investiga el presunto cobro en comisiones.

Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que el embargo preventivo se acuerda a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Esta medida no implica sin embargo que el afectado pierda los bienes de manera inmediata.

Su objetivo es garantizar que una futura sentencia condenatoria se cumpla, es decir, sirve como una medida cautelar para que las autoridades se aseguren de que la deuda pendiente se terminará saldando.

Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, se defendió y dijo no tener nada que ver con las comisiones irregulares. “No es una situación sencilla de digerir que, cuando después de quince meses de investigación la Fiscalía dice que no has tenido ningún tipo de intervención ni hay nada que reprochar a ti ni a tu familia, sufra ahora el señalamiento mediático y la cacería de la izquierda”, justificó.