No ha habido sobresaltos en la bancada de EH Bildu al conocer el informe redactado por la letrada del Parlamento Vasco con las alegaciones al borrador educativo. Fuentes de la coalición abertzale creen que se han recogido todas las demandas que habían acordado. El punto donde destaca esta aportación es el apartado de los requisitos a los centros escolares a cambio de recibir financiación pública, ya adelantados por este periódico. También están satisfechos por haber plasmado un compromiso para que en 2023 se firme un pacto contra la segregación.
En cuanto al decálogo para recibir financiación pública, se confirma la información publicada por este medio. Los centros tendrán que respetar el currículo y los criterios de evaluación en proyectos lingüísticos y educativos. En cuanto a la lengua, alcanzarán los objetivos que definirá la nueva ley "en la medida en que lo exija su entorno sociolingüístico", y el Departamento de Educación facilitará recursos específicos a los centros que trabajan en entornos con escasa presencia del euskera.
Se priorizará también el euskera en la actividad educativa y en las relaciones profesionales. Sobre la paridad, no se permitirá la segregación por sexos, y los centros se comprometerán a garantizar la libertad sexual y de género.
TRANSPARENCIA
El punto sobre la laicidad confirma que el máximo de horas de Religión será el mínimo que fije la ley orgánica. El Gobierno español, apoyándose en la Lomloe, propuso un mínimo de una hora a la semana con opción de que las comunidades autónomas lo ampliaran. Se garantizará una gobernanza democrática, participarán en proyectos educativos locales y en los órganos locales regulados para planificar la oferta, se comprometerán con el fin de la segregación, tendrán que desarrollar procesos transparentes de contratación de personal, los consejos locales podrán establecer otros usos acordados para las infraestructuras de los centros, y tendrán que comprometerse con la "falta de ánimo de lucro".
