scribir que la desvergüenza campa a sus anchas por los pagos monárquicos no es novedad alguna. El padre del actual rey español está incurso en varios procesos en España, Suiza e Inglaterra, en los que se están investigando delitos de corrupción, tráfico de influencias y capitales, cohecho, fraude fiscal y acoso a su amiga especial. Es decir, mucho y malo.

Sin embargo, en esa España de señoritos se empeñan en salvar a quien solo merece el ostracismo y la repulsa social, por enriquecerse aprovechándose impunemente de su cargo. El vicio en origen está al convertirles en inviolables y no sujetos a responsabilidad penal, cometan el delito que cometan.

Ya se irá viendo lo que pasa en Inglaterra y Suiza, donde -confiemos- las judicaturas estén menos mediatizadas por intereses directos y simpatías. Pero, aunque en España las investigaciones las mantiene abiertas la Fiscalía General del Estado hasta junio del próximo año, el campechano quiere volver a casa para Navidad, y además quedarse viviendo en la Zarzuela y cobrando su hermoso sueldo de 200.000 que sale de nuestros bolsillos. Igual empieza a ser momento de hacerse objetora fiscal en parte de nuestras aportaciones al común.

Esa monarquía poco ejemplar fue sacralizada en la Constitución del 78 que acaban de recordar a bombo y platillo en Madrid, con banderas al viento y mucho uniforme militar. Han pasado 43 años y siguen sin cumplirse importantes aspectos (de desarrollo social, por ejemplo).

La Carta Magna no es ni inmaculada ni equilibrada, dada su gestación y los intereses que estaban en juego. Es bueno recordar que fue fruto del acuerdo entre fuerzas franquistas y oligarquías económicas que tenían casi el control total de las instituciones, ejército, judicatura, etcétera; y otras, algunas ingenuas, otras no tanto, con enormes ganas de tocar poder.

Previamente, muchos de esos agentes se habían auto-amnistiado, verbigracia de la Ley 46/77 de Amnistía, lo que permitió seguir en la escena política e institucional a todo el facherío, pero también a fuerzas denominadas de izquierdas que hicieron de las suyas durante la II República y guerra tras la rebelión militar. La memoria histórica sigue siendo fundamental para que no nos cuelen un relato almibarado de acuerdos y pretendidas generosidades, cuando en realidad fue un reparto de cromos y el viejo truco de no me meto contigo para que tú no lo hagas conmigo. El reparto quedaba atado y bien atado, con el Borbón al frente.

Nuevamente les oímos aquello de reformar el texto constitucional. A veces lo plantean como amenaza contra las naciones que somos y no reconocen, para asustarnos y provocarnos eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Otras para medirse PSOE y PP, como parece el caso, buscando protagonismo sin fondo ni intención real de mejora en razón a las necesidades cambiantes de la sociedad.

La Constitución tiene muchos aspectos que reformar, mejor dicho, que cambiar radicalmente; si realmente aspiraran a acatar lo que dicen los votos de la ciudadanía, por lo menos en Catalunya y en Euskadi.

Lo primero sería eliminar la amenaza permanente del artículo 8.1, por mor del cual el ejército garantiza la integridad territorial. Esto contra pueblos desarmados y demócratas. O el 155 que también es un artículo que coacciona directamente a quienes no comulgan con la una, grande y libre. O el 56.3 que asegura al monarca no ser punible ni penalmente ni de ninguna otra manera, cometa el delito que cometa (¿imagina usted el asesinato de Leticia Ortiz por violencia de género?).

La lista de reivindicaciones es larga, pero no se van a atrever ni siquiera con el artículo 57.1, donde se da preminencia al varón frente a las mujeres en la sucesión a la corona, pues supondría abrir el debate sobre si monarquía sí o no. Podría salirles mal.

¿Para cuándo la República Vasca?