- Alcaldes y alcaldesas de EH Bildu calificaron ayer de “antidemocrático” el cambio previsto en la Ley de Administración Ambiental, que supondría de facto alterar la Ley de Ordenación Territorial. Esta ley que se debatirá mañana en el Parlamento Vasco permitirá al Gobierno “imponer proyectos saltándose la planificación urbanística de los ayuntamientos”. Podrá “invalidar, de manera unilateral, las decisiones tomadas por las instituciones competentes y legítimas que son los ayuntamientos”.
Pese al acuerdo suscrito la semana pasada por el PNV y EH Bildu sobre los Presupuestos de la CAV de 2022, por el que la coalición aber-tzale se abstendrá en la votación definitiva a cambio de ver una muestra importante de sus propuestas incorporadas al proyecto, ambas formaciones siguen manteniendo hojas de ruta diferenciadas y seguirán chocando, por ejemplo, a cuenta de la Ley de Administración Ambiental. Para escenificar su malestar con el cambio legislativo previsto, ayer comparecieron en la sede de EH Bildu en Donostia los alcaldes de Hernani, Xabier Lertxundi; Usurbil, Agurtzane Solaberrieta; Orexa, Gurutze Etxezabal; Larrabetzu, Iñigo Gaztelu; Otxandio, Egoitz Garmendia; Ea, Iratxe Arriola; y San Millán-Donemiliaga, Erika Letamendi.
Todos ellos defendieron que “los ayuntamientos tenemos nuestras competencias propias”, entre las que “la urbanística es una de las más importantes”. Reclamaron por tanto a PNV y PSE que no incluyan el criterio de Proyectos de Interés Público Superior en esta ley, y aseguraron que “las necesidades que defienden el medioambiente tienen que llevarse a cabo de manera ordenada y consensuada”. Así, pidieron que se “suspenda este ejercicio autoritario” y que se “respete y defienda la autonomía municipal”.
Su protesta se vehiculará en el terreno de lo práctico a través de Eudel. Los alcaldes de EH Bildu adelantaron que mañana mismo pedirán, en la ejecutiva de la asociación de municipios vascos, la elaboración de un informe que analice los efectos en los ayuntamientos de este cambio legislativo. Reprocharon que “lo que entiende el Gobierno Vasco como mejora medioambiental” incluye “el TAV, la incineradora, el fracking y la financiación de los coches diésel”, y concluyeron reivindicando su labor por “mejorar la vida de los ciudadanos” y exigiendo “que no se nos pise”.