PNV y PSE, los dos socios en el Gobierno vasco, sacarán adelante en el Parlamento de Gasteiz la Ley de Administración Ambiental con la oposición de EH Bildu, que ha dado por rotas hoy mismo las negociaciones, de Elkarrekin Podemos-IU, que desde el principio se posicionó en contra del texto normativo, y probablemente del PP+Cs.
Este viernes la ponencia parlamentaria que ha debatido las enmiendas de los grupos ha concluido sus trabajos y a partir de ahora el dictamen de la norma deberá ser ratificado en comisión antes de que la ley se vote en un pleno de la Cámara vasca en próximas fechas.
PNV y PSE pueden aprobar en solitario esta ley ya que cuentan con mayoría en el Parlamento pero no han logrado la adhesión de otros grupos. Fuentes de EH Bildu y de PP+Cs han confirmado que su voluntad era llegar a un acuerdo pero la decisión de los dos partidos socios en el Gobierno vasco de incorporar una enmienda ha echado por tierra el consenso.
Como novedad, que no estaba recogida en el proyecto original, en otra enmienda se establece que en un plazo máximo de dos años se aprobará una ley que creará un impuesto "que grave la incineración y la eliminación de residuos industriales en vertederos de titularidad pública y privada".
Los representantes de EH Bildu han abandonado este viernes la ponencia antes de que concluyeran las votaciones y han roto las negociaciones por la intención de PNV y PSE de seguir adelante con la defensa de la "enmienda 61".
El parlamentario de la coalición abertzale Mikel Otero ha explicado en una rueda de prensa que a través de esta enmienda el Gobierno Vasco podrá impulsar proyectos de interés público superior (PIPS), como por ejemplo vertederos, incluso si así lo impiden los planes de ordenación del territorio y de ordenación urbana de los municipios.
Un "ataque" a las normativas de los ayuntamientos, ha considerado Otero, que ha pedido a Eudel que "reaccione" ante lo que supone una "invasión" de la autonomía municipal.
Otro parlamentario de EH Bildu, Unai Fernández de Betoño, ha explicado que con esta medida todas las herramientas de planificación territorial y urbana deberán adaptarse a cualquier PIPS que decida el Gobierno Vasco aunque vayan en contra de los planes municipales.
Ha señalado que podrían imponerse proyectos relacionados con las energías renovables, vertederos, depuradoras y de extracción de gas como el ya desechado de Subijana (Gasteiz).
Desde el PNV, la parlamentaria María Eugenia Arrizabalaga ha reprochado a EH Bildu que haya rechazado el consenso en una ley que "garantiza una efectiva protección" del entorno.
Sin precisar el contenido de la polémica enmienda ha señalado en una nota informativa que la ley establece un nuevo marco jurídico "garante de un alto nivel de protección ambiental" y refuerza el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones.
"Hay nuevos retos, desafíos cuya resolución requieren de nuevas herramientas más ambiciosas para promover una economía sostenible y una gestión eficaz de los recursos naturales", ha apuntado.
Elkarrekin Podemos-IU ha recordado que desde que se presentó el proyecto ley la coalición se ha mostrado contraria a la mayor parte de su contenido y de hecho la mayoría de sus enmiendas han sido rechazadas. También se ha mostrado en contra de la citada enmienda porque es "un atropello" a las normas de ordenación locales".
La parlamentaria de PP-Cs Muriel Larrea ha reconocido a Efe que algunas de sus enmiendas han sido aceptadas pero se ha posicionado totalmente en contra de la enmienda del PNV y PSE que ha hecho saltar el acuerdo por los aires porque supone que el Gobierno Vasco pueda decidir determinadas instalaciones en contra de las normativas municipales.
A fecha de hoy, ha subrayado, lo "más probable" es que el grupo PP+Cs vote en contra de la nueva ley.
A falta de conocerse el contenido definitivo del dictamen de la ley, el proyecto de Administración Ambiental establecía que en los pliegos de cláusulas administrativas para la ejecución de contratos de obras y suministros se indicarán los porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar.
El porcentaje mínimo de dichos materiales será del 40 % salvo por motivos técnicos justificados. Además, el texto original establecía la prohibición de contratar con la administración pública o la imposibilidad de obtener subvenciones públicas en los que casos en los que se hayan cometido infracciones muy graves o graves medioambientales hasta que no se hayan ejecutado las medidas correctoras y se haya satisfecho el importe de la sanción.
Entre las infracciones muy graves figuraban la construcción y explotación sin la preceptiva autorización ambiental integrada o la ejecución de una actividad e instalación que haya producido un daño grave para el medio ambiente o haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.
